Jueces del Tribunal Constitucional de la República DominicanaSanto Domingo, RD.
El pleno de jueces del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (TC), encabezado por el magistrado presidente Napoleón R. Estévez Lavandier, se reservó los fallos de ocho expedientes de acción directa de inconstitucionalidad que se conocieron este viernes en audiencia pública. Se dictará sentencia "en una próxima ocasión".
La audiencia, realizada en la sede principal del TC, abordó diversos casos en los que los demandantes cuestionan la constitucionalidad de ciertas leyes y actos administrativos.
Entre los expedientes destacados, el caso TC-01-2024-0023 fue presentado por Félix Enmanuel Castillo Díaz-Alejo, quien impugnó el artículo 24 de la Ley 10-15. Esta ley introduce modificaciones a la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. El artículo en cuestión se refiere a las disposiciones procesales aplicables a los procedimientos penales, las cuales Castillo Díaz-Alejo considera inconstitucionales.
En el expediente TC-01-2024-0024, María Aurelia Genao cuestionó varias sentencias judiciales, incluidas las dictadas por la Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal Constitucional. Las sentencias atacadas incluyen decisiones relacionadas con el ámbito laboral, así como certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y resoluciones de la Junta Monetaria.
Por otro lado, Alberto Emilio Fiallo-Billini Scanlon presentó el expediente TC-01-2024-0025, en el que atacó los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral. Esta ley establece el marco normativo para la organización y supervisión de los procesos electorales en el país, incluyendo aspectos como la inscripción de candidatos y la distribución de escaños.
En el caso TC-01-2024-0026, los accionantes César V. Polanco Reynoso y Alan Solano Tolentino alegaron una omisión legislativa absoluta en relación con la Ley de Prestación de Servicios para el Desarrollo, que regula las condiciones para la prestación de servicios destinados al crecimiento económico y social del país.
Fraila Méndez Marrero, en el expediente TC-01-2024-0027, impugnó los artículos 59, párrafo III, y 60 del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público. Este reglamento establece las normas de conducta y procedimientos disciplinarios aplicables a los miembros del Ministerio Público.
El expediente TC-01-2024-0028 fue presentado por Luis de Jesús Rodríguez Núñez, quien atacó el artículo 26 de la Ley 488-08, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). Esta ley busca fomentar el crecimiento y la competitividad de las Mipymes a través de regulaciones específicas. Rodríguez Núñez también cuestionó el artículo 154, numeral 2, del Decreto 416-23, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.
Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana Nina, en el expediente TC-01-2024-0030, impugnaron el artículo 210 de la Ley 285, que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley 3483, correspondiente al Código de Justicia de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, en el expediente TC-01-2024-0031, César V. Polanco Reynoso y Alan Solano Tolentino denunciaron una omisión legislativa absoluta respecto de la Ley de Estímulo y Motivación al Deporte, la Atención Integral a los Deportistas y el Apoyo al Deporte de Alta Competición, que debería establecer mecanismos para fomentar el deporte y apoyar a los atletas de alto rendimiento.
La audiencia, realizada en la sede principal del TC, abordó diversos casos en los que los demandantes cuestionan la constitucionalidad de ciertas leyes y actos administrativos.
Entre los expedientes destacados, el caso TC-01-2024-0023 fue presentado por Félix Enmanuel Castillo Díaz-Alejo, quien impugnó el artículo 24 de la Ley 10-15. Esta ley introduce modificaciones a la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. El artículo en cuestión se refiere a las disposiciones procesales aplicables a los procedimientos penales, las cuales Castillo Díaz-Alejo considera inconstitucionales.
En el expediente TC-01-2024-0024, María Aurelia Genao cuestionó varias sentencias judiciales, incluidas las dictadas por la Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal Constitucional. Las sentencias atacadas incluyen decisiones relacionadas con el ámbito laboral, así como certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y resoluciones de la Junta Monetaria.
Por otro lado, Alberto Emilio Fiallo-Billini Scanlon presentó el expediente TC-01-2024-0025, en el que atacó los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral. Esta ley establece el marco normativo para la organización y supervisión de los procesos electorales en el país, incluyendo aspectos como la inscripción de candidatos y la distribución de escaños.
En el caso TC-01-2024-0026, los accionantes César V. Polanco Reynoso y Alan Solano Tolentino alegaron una omisión legislativa absoluta en relación con la Ley de Prestación de Servicios para el Desarrollo, que regula las condiciones para la prestación de servicios destinados al crecimiento económico y social del país.
Fraila Méndez Marrero, en el expediente TC-01-2024-0027, impugnó los artículos 59, párrafo III, y 60 del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público. Este reglamento establece las normas de conducta y procedimientos disciplinarios aplicables a los miembros del Ministerio Público.
El expediente TC-01-2024-0028 fue presentado por Luis de Jesús Rodríguez Núñez, quien atacó el artículo 26 de la Ley 488-08, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes). Esta ley busca fomentar el crecimiento y la competitividad de las Mipymes a través de regulaciones específicas. Rodríguez Núñez también cuestionó el artículo 154, numeral 2, del Decreto 416-23, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras.
Anderson Javiel Dirocie de León y Patricia M. Santana Nina, en el expediente TC-01-2024-0030, impugnaron el artículo 210 de la Ley 285, que crea el Código de Justicia de la Policía Nacional, y el artículo 260 de la Ley 3483, correspondiente al Código de Justicia de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, en el expediente TC-01-2024-0031, César V. Polanco Reynoso y Alan Solano Tolentino denunciaron una omisión legislativa absoluta respecto de la Ley de Estímulo y Motivación al Deporte, la Atención Integral a los Deportistas y el Apoyo al Deporte de Alta Competición, que debería establecer mecanismos para fomentar el deporte y apoyar a los atletas de alto rendimiento.
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