Santo Domingo, RD.
El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) junto a otros cinco imputados quedó de manera definitiva fuera del expediente del caso “Calamar”, tras la decisión tomada ayer por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de homologar los acuerdos que el Ministerio Público hizo con ellos.
Jiménez Collie (Mimilo) acordó devolver 117 millones de pesos y varias propiedades, a cambio de no ser incluido en el expediente y servir como testigo delator de sus compañeros.
De acusados principales, Jiménez Collie (Mimilo), Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo Ureña Pérez, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Natalia Cesarina Beltré Torres y Belkis Antonia Tejeda pasaron a ser simples informantes del proceso.
La juez Altagracia Ramírez declaró, además, inadmisibilidad de los querellantes y actores civiles, por considerar que en esta etapa de solicitud de criterio de oportunidad no era prudente acogerla.
La lectura integra de la sentencia será el 20 de septiembre.
Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la PEPCA, dijo que en cuanto a los acuerdos se aplicó el criterio de oportunidad, tomando en cuenta la colaboración de los investigados.
La procuradora de corte hace referencia al artículo 370, párrafo 6 del Código Procesal Penal, que le faculta para realizar acuerdos con imputados y ofrecerles el criterio de oportunidad, a cambio de admisión de culpabilidad y colaboración en la investigación del hecho punible.
La Pepca acusó formalmente a 34 personas y 13 empresas de haber estafado al Estado con más de 41 mil millones de pesos a través de «contratos de cesiones de créditos simulados sin causas o por causa de pago de deudas inexistentes.
La estafa habría sido a través de la declaratoria de utilidad pública de terrenos del Estado y de la adquisición de inmuebles y firmas de contratos fraudulentos.
También, mediante sobornos a contratistas para financiar «ilícitamente la campaña política interna del PLD en beneficio de Gonzalo Castillo», quien es uno de los principales imputados, junto a los exministros Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
En el proceso de homologación de los acuerdos, no participaron lo demás acusados, en vista de que fueron rechazados por el tribunal.
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