Hugo Beras, Jochy Gómez y otros imputados.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este jueves 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) Hugo Beras y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix, por su presunta vinculación a una red de corrupción.
La medida de coerción, solicitada por el Ministerio Público, también incluye al exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant Pedro Vinicio Padovani Báez.
Los tres deberán cumplir esta medida en Najayo hombres, en San Cristóbal.
ARRESTO DOMINILIARIO PARA BAQUERO SEPULVEDA
El órgano persecutor informó en una nota de que al exdirector de tecnología del Intrant Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda la jueza Fátima Veloz le impuso arresto domiciliario.
Asimismo, la magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso impedimento de salida del país y una garantía económica para Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
La jueza dispuso una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía para Carlos José Peguero Vargas, acusado de movilizar fondos a través de la empresa Inprosol, presuntamente desviando dinero adjudicado a la empresa Transcore Latam, también propiedad de Jochi Gómez.
La misma medida se tomó contra Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Frank Rafael Atilano Díaz Warden.
RED DE CORRUPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
Según el expediente acusatorio, los imputados son señalados de pertenecer a una presunta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
«Esta decisión (del tribunal) es un triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo», dijo a los medios el director de la Procuraduría Especializada a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wison Camacho, al concluir la audiencia.
Afirmó que el Ministerio Público se concentrará en seguir trabajando para obtener más evidencias contra los acusados.
MP TIENE EL CONTRATO «FRAUDULENTO»
Luego del arresto de los supuestos implicados, el Ministerio Público afirmó que cuenta con el «contrato fraudulento» para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Además, indicó que tiene en su poder el «contrato ilegal» entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, así como con evidencia sobre el sabotaje en contra de la red de semáforos que se produjo en agosto pasado.EFE
La medida de coerción, solicitada por el Ministerio Público, también incluye al exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant Pedro Vinicio Padovani Báez.
Los tres deberán cumplir esta medida en Najayo hombres, en San Cristóbal.
ARRESTO DOMINILIARIO PARA BAQUERO SEPULVEDA
El órgano persecutor informó en una nota de que al exdirector de tecnología del Intrant Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda la jueza Fátima Veloz le impuso arresto domiciliario.
Asimismo, la magistrada de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso impedimento de salida del país y una garantía económica para Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
La jueza dispuso una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante la Fiscalía para Carlos José Peguero Vargas, acusado de movilizar fondos a través de la empresa Inprosol, presuntamente desviando dinero adjudicado a la empresa Transcore Latam, también propiedad de Jochi Gómez.
La misma medida se tomó contra Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Frank Rafael Atilano Díaz Warden.
RED DE CORRUPCION Y CRIMEN ORGANIZADO
Según el expediente acusatorio, los imputados son señalados de pertenecer a una presunta red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad.
«Esta decisión (del tribunal) es un triunfo de la verdad sobre la mentira y el miedo», dijo a los medios el director de la Procuraduría Especializada a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wison Camacho, al concluir la audiencia.
Afirmó que el Ministerio Público se concentrará en seguir trabajando para obtener más evidencias contra los acusados.
MP TIENE EL CONTRATO «FRAUDULENTO»
Luego del arresto de los supuestos implicados, el Ministerio Público afirmó que cuenta con el «contrato fraudulento» para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Además, indicó que tiene en su poder el «contrato ilegal» entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado, así como con evidencia sobre el sabotaje en contra de la red de semáforos que se produjo en agosto pasado.EFE
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