Abogados de FP encabezados por Miguel Surún.
LA VEGA. RD.
El partido Fuerza del Pueblo (FP), a través de sus representantes en este municipio, interpuso un recurso contencioso-administrativo para anular una serie de resoluciones que consideran violatorias de la Constitución y la Ley 176-07, que rige los municipios.
El recurso fue presentado ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Vega en funciones de Tribunal Contencioso Administrativo por un equipo encabezado por los abogados Miguel Alberto Surún Hernández y Francisco Guillén.
DECLARAR NULA DESIGNACION ALCALDESA Y VICE ALCALDE
El recurso busca declarar nulas las resoluciones que permitieron la revocación de la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Altagracia Custodio Guerrero y su nombramiento como alcaldesa, junto con la designación de Amado Gómez Cáceres como vicealcalde.
Según la Fuerza del Pueblo, estas decisiones no solo carecen de base legal, sino que también atentan contra la estabilidad institucional del municipio.
«Estamos ante una violación clara del artículo 201 de la Constitución Dominicana y de los artículos 43 y 52 de la Ley 176-07. Las resoluciones aprobadas por el Concejo de Regidores no solo son ilegales, sino que vulneran el principio de transparencia y la legitimidad democrática», afirma el recurso interpuesto por los abogados de la organización.
El recurso fue presentado ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de La Vega en funciones de Tribunal Contencioso Administrativo por un equipo encabezado por los abogados Miguel Alberto Surún Hernández y Francisco Guillén.
DECLARAR NULA DESIGNACION ALCALDESA Y VICE ALCALDE
El recurso busca declarar nulas las resoluciones que permitieron la revocación de la renuncia de la vicealcaldesa Amparo Altagracia Custodio Guerrero y su nombramiento como alcaldesa, junto con la designación de Amado Gómez Cáceres como vicealcalde.
Según la Fuerza del Pueblo, estas decisiones no solo carecen de base legal, sino que también atentan contra la estabilidad institucional del municipio.
«Estamos ante una violación clara del artículo 201 de la Constitución Dominicana y de los artículos 43 y 52 de la Ley 176-07. Las resoluciones aprobadas por el Concejo de Regidores no solo son ilegales, sino que vulneran el principio de transparencia y la legitimidad democrática», afirma el recurso interpuesto por los abogados de la organización.
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