Santo Domingo, RD.
El “cofrecito”, “el barrilito” y “las exoneraciones” a legisladores son ilegales y han debido ser eliminadas desde hace años, porque son privilegios en desmedro de otros sectores, planteó esta mañana el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán.
Añadió que estos privilegios rompen con la equidad en lo tiene que ver con la competencia política “y eso no se justifica, eso nunca se ha podido justiticar, sobre todo porque desde el punto de vista jurídico eso es una ilegalidad, tu no puede legislar para tu provecho personal”.
Afirmó que toda la sociedad rechaza los citados privilegios de los congresistas porque no se entiende que se legisle para su propio provecho. Pide revisar también las subvenciones de combustibles.
El ejecutivo de Finjus lamentó que las exoneraciones, el barrilito y el cofrecito sean práctica que se instaló en el modelo político dominicano desde hace años, pero se hace necesario eliminarlo de una vez y por todas.
En cuando a las exenciones que otorga el Estado a distintos sectores, Castaños Guzmán, propone que el gobierno la revise y que las que no se justifican, sean eliminadas.
“En cuanto a las exenciones, si es la justificación para los legisladores mantener esos privilegios, entonces lo que hay que hacer es que se sienten los sectores y que evalúen, cuáles tienen que seguir y cuáles hay que desmontar, pero que no me justifique un privilegio que por demás es ilegal, con una exención fiscal, que se pudo haber dado en algún momento que podía justificar el crecimiento económico. Pero no me justifique una práctica que desde el principio ha sido rechazada por todas la ciudadanía, me refiero al tema de las exoneraciones y al tema del cofrecido y el barrilto”, sostuvo.
Agregó que “son cosas diferentes, no liguemos una cosa con la otra, si para tu desmontar, eliminar esos privilegios, tu quiere que también se desmonte lo otro, entonces evalúenlo con esos sectores y vamos a ver cuáles hay que mantener y cuáles hay que eliminar”.
Resaltó que el propio presidente Luís Abinader planteó que se impone eliminar estos privilegios de que disfrutan los legisladores en estos momentos.
Al mismo tiempo favoreció revisar las exenciones que tienen muchos sectores productivosen el país y solo mantener la que realmente se necesitan.
Los combustibles
Castaños Guzmán también planteó con la revisión de las exenciones fiscales, sean evaluadas las subvenciones de combustibles a distintas instituciones en el país.
Para el dirigente cívico no se pueden confundir las exenciones fiscales que en un momento surtieron sus efectos en el ámbito económico, pero que ahora se impone revisarlas, con el barrilito o el cofrecito que son ilegales.
“Las exenciones y exoneraciones de combustible, unas se justificaban en su momento y otras probablemente en la coyuntura actual debían ser sometidas a un proceso de evaluación a los fines de determinar si se pueden mantener o no. Pero lo que no pueden seguirse manteniendo es el tema de las exoneraciones, el barrilito y el cofrecito, los legisladores, el Congreso es el órgano de control del Estado es el fiscaliza al Ejecutivo”, explicó Castaños Guzmán.
Abinader propone
Ayer el presidente Luís Abinader propuso que las exoneraciones de los congresistas sea solo una durante su trabajo legislativo y que tenga un tope en el monto.
Sobre la posición del mandatario, el diputado de su partido el Revolucionario Moderno (PRM), Rosendy Polanco pidió que antes de ser considerada, la propuesta de Abinader, los funcionarios también deben abandonar sus privilegios.
Mientras el diputado Rafael Tobias Crespo, del partido Fuerza del Pueblo, criticó el uso de los recursos públicos y dijo que instituciones como la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental realizan eventos en los que gastan el equivalente a las exoneraciones de vehículos de los legisladores.
Crespo planteó que, si se revisa el sistema de exoneraciones, debería ser de forma integral y abarcar a todas las instituciones y funcionarios que reciben beneficios.
Rechazo
Distintos sectores sociales y religiosos de la República Dominicana critican que los legisladores reciban dos exoneraciones en cada período, un privilegio considerado de irritante. Muchos de los congresistas venden las exoneraciones a particulares que normalmente traen vehículos de lujo, libre de impuestos.
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