Santo Domingo, RD.
La Política de Protección de Datos del Poder Judicial lanzada la semana pasada busca resguardar la privacidad de las personas envueltas en procesos judiciales, ya sea como imputada, víctima, testigo o auxiliares (policías, personal sanitario, educativo y notarios, etc.).
La Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Henry Molina, lanzó su política que tiene como regla general la disociación o anonimización de cualquier dato o información que haga identificable a las partes del proceso antes mencionadas. En ese caso, sus nombres y apellidos podrán ser identificados con las iniciales.
Esta regla solo aplica a aquellas sentencias que son publicadas en la página web del organismo o entregadas a terceros.
Para una mayor compresión del alcance de lo que se infiere por "datos personales", el organismo indicó que las secretarías de la Suprema y los tribunales del país, deberán realizar esa labor de identificación de datos sensibles a la privacidad de las personas y que no son relevantes para entender el caso para suprimirlos o sustituirlos.
A saber, como datos personales, los siguientes:Identificativos
Nombre y apellidos, nombre de pila (sin apellidos), apodo, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico, número de pasaporte y los números de documento de identidad, de carnet de conducir, de seguridad social, de policía o funcionario público y número de colegiado.Económico-financieros
Números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros. También la dirección de inmuebles que se posea, información financiera, datos registrables relacionados con bienes inmuebles y número de matrícula de vehículo u otro bien sujeto a registro o matriculación.
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