El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, introdujo hoy en el Congreso Nacional dos proyectos de ley para combatir el crimen organizado y proteger a víctimas y testigos, informaron fuentes oficiales.
Se trata de una iniciativa sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales, y el proyecto de ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y otros sujetos en riesgo.
El mensaje de remisión enviado al Congreso precisa que la primera propuesta responde a uno de los principales desafíos de la región y del país, el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones.
DETECCION, PERSECUCION Y JUDIALIZACION DE LOS HECHOS
En consecuencia, la ley sugerida busca establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en ella, de conformidad con los estándares internacionales.
La pieza caracteriza la organización criminal como dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de delitos.
Entre estos menciona el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; tráfico de drogas y sustancias controladas, de armas, municiones y materiales relacionados; comercio ilícito, contrabando y secuestro.
INCLUYE TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE ORGANOS
Asimismo incluye el tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno transnacional; tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes; delitos financieros medioambientales y de alta tecnología.
Argumenta que la segunda iniciativa responde a la exclusión y desprotección sufrida por las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho delictivo, debido a cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la atención, representación legal y protección de esas personas.
En este sentido, la propuesta persigue reconocer y garantizar los derechos de esas personas, así como regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en provecho de estas.
Se trata de una iniciativa sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales, y el proyecto de ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y otros sujetos en riesgo.
El mensaje de remisión enviado al Congreso precisa que la primera propuesta responde a uno de los principales desafíos de la región y del país, el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones.
DETECCION, PERSECUCION Y JUDIALIZACION DE LOS HECHOS
En consecuencia, la ley sugerida busca establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en ella, de conformidad con los estándares internacionales.
La pieza caracteriza la organización criminal como dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de delitos.
Entre estos menciona el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; tráfico de drogas y sustancias controladas, de armas, municiones y materiales relacionados; comercio ilícito, contrabando y secuestro.
INCLUYE TRAFICO Y COMERCIALIZACION DE ORGANOS
Asimismo incluye el tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno transnacional; tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes; delitos financieros medioambientales y de alta tecnología.
Argumenta que la segunda iniciativa responde a la exclusión y desprotección sufrida por las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho delictivo, debido a cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la atención, representación legal y protección de esas personas.
En este sentido, la propuesta persigue reconocer y garantizar los derechos de esas personas, así como regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en provecho de estas.
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