Santo Domingo, RD.
La Corte de Apelación de San Francisco de Macorís ratificó la prisión preventiva contra los imputados Ángel María Polanco, Ana María Peña Meléndez, Alanna Familia y Luis Arístides Alcequiez, involucrados en la denominada “Operación Arrecife 2.0”.
Los acusados buscaban una medida de coerción menos severa, pero el tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público para mantenerlos en prisión.
En el caso de Ana Victoria Duarte Trinidad, el tribunal mantuvo la medida de arresto domiciliario, permitiéndole responder al proceso penal desde su residencia.
La Operación Arrecife 2.0 desmanteló una estructura criminal vinculada al narcotráfico internacional, tráfico de armas y lavado de activos. Los miembros de esta red fueron detenidos durante allanamientos simultáneos realizados el 4 de octubre de 2024 en María Trinidad Sánchez, Samaná, Montecristi, la provincia Santo Domingo (incluyendo Santo Domingo Este y Oeste) y el Distrito Nacional.
Firmeza del proceso judicial
Tras analizar los alegatos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, la Corte de Apelación reafirmó tanto la prisión preventiva como el arresto domiciliario para los implicados. Según el tribunal, la investigación realizada por el Ministerio Público es sólida y evidencia una conexión directa con delitos como lavado de activos, tráfico de drogas y adquisición de bienes ilícitos.
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, lideró la solicitud de medidas de coerción contra los seis miembros de la red.
Resultados de los allanamientos
Durante los operativos, realizados en conjunto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se incautaron más de 2 millones de pesos en efectivo, 11 vehículos de alta gama (incluyendo modelos Toyota Hilux, 4Runner, Lexus y Mercedes Benz), seis pistolas, dos escopetas y varias municiones de guerra. Estas evidencias robustecen el caso contra la organización criminal.
Impacto y antecedentes de la red
El grupo delictivo operaba desde 2015, desarrollando actividades propias del crimen organizado, incluyendo el tráfico de drogas y el lavado de activos. El Ministerio Público ha logrado impactar significativamente a esta estructura, obteniendo condenas para varios de sus miembros.
Declaraciones oficiales
Ramona Nova Cabrera, procuradora interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, calificó la decisión de la Corte de Apelación como una muestra de la solidez del caso. “Esta ratificación de la prisión preventiva confirma la solvencia del proceso y la contundencia de las pruebas presentadas”, afirmó.
Asimismo, Nova Cabrera destacó el trabajo de los fiscales a cargo del caso: Luis Alberto García, Pedro Medina y José Manuel Calzado, quienes han llevado adelante una investigación exhaustiva y sólida.
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