El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) solicitó este lunes, a través de una nota de prensa, a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, que adopten las políticas públicas necesarias para garantizar que todas las muertes ocurridas en presuntos intercambios de disparos con agentes policiales sean investigadas.
La entidad recordó que las investigaciones deben ser dirigidas por fiscales, con la colaboración del Ministerio del Interior y Policía y de la Policía Nacional, y que los resultados deben hacerse públicos en un plazo razonable. Además, enfatizó que si se determina responsabilidad penal, los agentes involucrados deben ser sometidos a la justicia.
Para nadie es un secreto que la eliminación de personas bajo un alegado intercambio de disparos no es otra cosa, en muchos de los casos, que la implementación de una política pública que ha prevalecido en todos los gobiernos, sin consecuencias para los responsables.
"Esta política es inconstitucional e ilegal, y convierte a los agentes del orden en juez y ejecutor, aplicando una pena de muerte que no existe en nuestro país, bajo el falso argumento de control de la criminalidad, que transforma a esos agentes en criminales", indicó la organización.
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