En el centro, el presidente Abinader junto a demás funcionarios y empresarios durante el primer picazo para la construcción terminal de cruceros en Samaná, el único proyecto de alianza público-privada que se ha logrado ejecutar. (FUENTE EXTERNA)
Aunque algunos echaron sus raíces jurídicas con anterioridad, en los seis años de su gestión, el presidente Luis Abinader, además de establecer más de 10 gabinetes para atender políticas específicas, ha impulsado la creación de fideicomisos y el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas (APP) como instrumentos clave para agilizar la ejecución de grandes obras.
Sin embargo, su desempeño revela contrastes: mientras las APP han tenido escasos avances —con apenas un proyecto concretado de 26 iniciativas y varios estancados—, lo que ha obligado a replantear el marco legal, los fideicomisos han ganado terreno como vía para ejecutar y administrar recursos públicos, en medio de cuestionamientos sobre sus niveles de control y transparencia.
En tanto, los gabinetes se mantienen como instancias de coordinación con resultados puntuales, pero sin resolver cuellos de botella estructurales en la gestión estatal.
En la República Dominicana, la carrera de los proyectos de las APP comenzó en el 2020, cuando el presidente de entonces Danilo Medina, promulgó la Ley 47-20, luego de cinco años de consultas sectoriales y asesorías internacionales.
La normativa definió las reglas del juego de las alianzas y fijó la duración de los convenios, estableciendo un mínimo de cinco y un máximo de 40 años. Además, se creó la Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp) para promover y regular las APP.
Aunque algunos echaron sus raíces jurídicas con anterioridad, en los seis años de su gestión, el presidente Luis Abinader, además de establecer más de 10 gabinetes para atender políticas específicas, ha impulsado la creación de fideicomisos y el desarrollo de proyectos bajo la modalidad de alianzas público-privadas (APP) como instrumentos clave para agilizar la ejecución de grandes obras.
Sin embargo, su desempeño revela contrastes: mientras las APP han tenido escasos avances —con apenas un proyecto concretado de 26 iniciativas y varios estancados—, lo que ha obligado a replantear el marco legal, los fideicomisos han ganado terreno como vía para ejecutar y administrar recursos públicos, en medio de cuestionamientos sobre sus niveles de control y transparencia.
En tanto, los gabinetes se mantienen como instancias de coordinación con resultados puntuales, pero sin resolver cuellos de botella estructurales en la gestión estatal.
En la República Dominicana, la carrera de los proyectos de las APP comenzó en el 2020, cuando el presidente de entonces Danilo Medina, promulgó la Ley 47-20, luego de cinco años de consultas sectoriales y asesorías internacionales.
La normativa definió las reglas del juego de las alianzas y fijó la duración de los convenios, estableciendo un mínimo de cinco y un máximo de 40 años. Además, se creó la Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp) para promover y regular las APP.
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