SANTO DOMINGO.
El Poder Judicial anunció el mayor reajuste salarial aplicado desde 2017, una medida que beneficiará tanto a jueces como a servidores administrativos con aumentos que, en algunos casos, alcanzarán hasta un 50 %.
La decisión fue adoptada con el respaldo financiero del Ministerio de Hacienda, luego de semanas de reclamos por parte de magistrados y empleados judiciales que exigían mejoras en sus condiciones salariales.
Aunque el incremento ha sido recibido como un alivio para gran parte del personal del sistema de justicia, la medida también ha generado cuestionamientos sobre la ausencia de compromisos orientados a mejorar el desempeño institucional y la eficiencia de los servicios judiciales.
Diversos sectores consideran que, si bien existían distorsiones salariales que debían corregirse, el reajuste pudo haberse aprovechado para impulsar reformas internas destinadas a agilizar los procesos, reducir el cúmulo de expedientes y enfrentar problemas recurrentes como las demoras judiciales y las decisiones contradictorias.
Las estadísticas del propio sistema reflejan desde hace años retrasos importantes en el conocimiento de casos, situación que ha provocado críticas sobre el funcionamiento de algunos tribunales y la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.
El conflicto salarial tomó fuerza en medio del proceso de evaluación del presidente y otros jueces de la Suprema Corte de Justicia, contexto en el que jueces y servidores administrativos realizaron protestas y paralizaciones parciales para presionar por mejoras económicas.
Finalmente, el Gobierno aprobó la asignación de recursos para materializar el aumento, mientras continúan las discusiones sobre la necesidad de modernizar y fortalecer el sistema judicial dominicano más allá de las reivindicaciones salariales.
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