Santo Domingo.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sostuvo este lunes que la decisión judicial que favoreció a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en el denominado caso Calamar constituye una muestra de que, en determinadas circunstancias, la justicia dominicana ha sido utilizada como una herramienta de confrontación política.
La organización opositora expresó que el fortalecimiento de la democracia requiere instituciones sólidas y el respeto irrestricto a las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política.
Durante una rueda de prensa, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, afirmó que ninguna persona debe ser objeto de medidas judiciales o administrativas motivadas por intereses políticos.
“El respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia debe prevalecer en cualquier actuación del Estado”, manifestó el dirigente político.
El PLD fijó su posición luego de que la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitiera un auto de “no ha lugar” a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, decisión que también benefició a Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Según el tribunal, el Ministerio Público no presentó elementos probatorios suficientes para sustentar las acusaciones contra este grupo de imputados, razón por la cual quedaron excluidos del juicio de fondo.
La organización política también cuestionó la forma en que se desarrolló el proceso judicial, alegando que durante la investigación se produjeron filtraciones selectivas de información a los medios de comunicación y que la prisión preventiva fue utilizada de manera excesiva contra exfuncionarios vinculados al partido.
No obstante, la magistrada ordenó la apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, así como contra otros implicados en el expediente, al considerar que existían elementos suficientes para que el proceso continúe en una nueva etapa judicial.
Entre los acusados enviados a juicio figuran además Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández y Kimberly Arias Martínez.
El PLD celebró la decisión favorable a Castillo, Peralta y Guerrero Mena, argumentando que valida la posición que la organización había mantenido desde el inicio del proceso judicial.
Finalmente, Pujols señaló que la sociedad dominicana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre el caso y reiteró que la confianza en las instituciones depende de que las actuaciones estatales estén sustentadas exclusivamente en criterios legales y no en consideraciones políticas.
La organización opositora expresó que el fortalecimiento de la democracia requiere instituciones sólidas y el respeto irrestricto a las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, independientemente de su afiliación política.
Durante una rueda de prensa, el secretario general del PLD, Johnny Pujols, afirmó que ninguna persona debe ser objeto de medidas judiciales o administrativas motivadas por intereses políticos.
“El respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia debe prevalecer en cualquier actuación del Estado”, manifestó el dirigente político.
El PLD fijó su posición luego de que la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitiera un auto de “no ha lugar” a favor de Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, decisión que también benefició a Marcial Reyes, Rosa Arias Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena.
Según el tribunal, el Ministerio Público no presentó elementos probatorios suficientes para sustentar las acusaciones contra este grupo de imputados, razón por la cual quedaron excluidos del juicio de fondo.
La organización política también cuestionó la forma en que se desarrolló el proceso judicial, alegando que durante la investigación se produjeron filtraciones selectivas de información a los medios de comunicación y que la prisión preventiva fue utilizada de manera excesiva contra exfuncionarios vinculados al partido.
No obstante, la magistrada ordenó la apertura a juicio contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, así como contra otros implicados en el expediente, al considerar que existían elementos suficientes para que el proceso continúe en una nueva etapa judicial.
Entre los acusados enviados a juicio figuran además Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Camaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández y Kimberly Arias Martínez.
El PLD celebró la decisión favorable a Castillo, Peralta y Guerrero Mena, argumentando que valida la posición que la organización había mantenido desde el inicio del proceso judicial.
Finalmente, Pujols señaló que la sociedad dominicana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre el caso y reiteró que la confianza en las instituciones depende de que las actuaciones estatales estén sustentadas exclusivamente en criterios legales y no en consideraciones políticas.
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