Ultimátum procesal y plazos legales
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) tiene hasta este jueves 30 de julio para depositar el acto conclusivo contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros nueve implicados.
El proceso penal se encuentra ante una encrucijada jurídica bajo las siguientes reglas del Código Procesal Penal:
- Intimación de control: Si la PEPCA no deposita la acusación este jueves, el juez Deybi Timoteo Peguero intimará a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, y a los abogados del Estado.
- Plazo común de 15 días: Tras la intimación, las autoridades tendrán un periodo único de quince días laborables para presentar sus requerimientos.
- Extinción de la acción: Si vence dicha prórroga sin que se deposite el expediente, el tribunal declarará extinguida la acción penal de manera inmediata.
- Sanción por mal desempeño: El vencimiento de estos plazos acarrea responsabilidad civil y personal por mal desempeño de los fiscales a cargo.
Revisión de medidas y el millonario desfalco
El mismo jueves 30, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional realizará la revisión obligatoria de la medida de coerción a los imputados que cumplen prisión preventiva en el centro penitenciario Las Parras.
La red está acusada de delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa, desfalco, lavado de activos y falsificación. El Ministerio Público sostiene que el entramado operó entre los años 2020 y 2025, provocando un perjuicio económico al Estado dominicano inicialmente estimado en 15,000 millones de pesos, pero que auditorías recientes elevan a más de 19,000 millones de pesos.
Perfil de los acusados y delatores
- En prisión preventiva: Santiago Hazim (exdirector general), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones y Francisco Iván Minaya Pérez.
- Arresto domiciliario por delación: Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Los tres admitieron ante el tribunal el pago de sobornos a la dirección de la ARS estatal, logrando una medida cautelar menos severa a cambio de colaboración.
- Caso abierto: Las autoridades judiciales confirmaron que el expediente sigue bajo investigación activa y no descartan la inclusión de nuevas personas físicas o empresas en los próximos días.
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