[Imagen recreativa]
Santo Domingo –
La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó ayer la prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, procesado por presunto cobro de sobornos vinculado al caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La decisión confirma la medida dictada el pasado mes de mayo.
Durante la audiencia, la defensa del funcionario intentó que se sustituyera la medida privativa de libertad por una menos gravosa; sin embargo, el tribunal determinó que no habían variado los elementos que justificaron su imposición inicial.
La medida fue establecida originalmente por la jueza Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial, tras comprobar indicios de que Valdez Alcántara recibió 10 mil dólares de un testigo del caso Senasa —donde el exdirector Santiago Hazim también guarda prisión— a cambio de favorecer su situación procesal.
En la argumentación presentada por el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho y los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez, se sostuvo que persisten los riesgos procesales que justifican la permanencia de la detención. La jueza Nancy María Joaquín Guzmán, encargada de la revisión, acogió dicho criterio y rechazó la solicitud de la defensa.
El expediente detalla que el procesado exigió inicialmente la suma de 200 mil dólares, para luego reducirla a 150 mil dólares en el transcurso de las negociaciones. Además, mostró interés en un reloj de marca Rolex y solicitó un vehículo de marca Mercedes-Benz como parte del pago.
Valdez Alcántara cumple actualmente prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal. Su situación procesal ya había sido revisada anteriormente: el 29 de junio la jueza Joaquín Guzmán dejó sin efecto una revisión anterior, y el 3 de junio la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia también ratificó su permanencia en prisión.
La magistrada fijó la próxima revisión obligatoria de la medida para el 3 de septiembre. Al funcionario se le imputan violaciones al Código Penal dominicano y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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