La reciente promulgación de la Ley 36-26 por parte del Poder Ejecutivo deja un sabor amargo en el sector productivo nacional. Lo que debió ser un ajuste técnico y consensuado para optimizar la gestión de residuos sólidos se convirtió, mediante un cuestionable procedimiento de urgencia en el Congreso, en un esquema impositivo agresivo que amenaza la estabilidad económica de las empresas y, en última instancia, el bolsillo de los consumidores.
El peligro de gravar los ingresos brutos
- Castigo a las pérdidas: Cobrar contribuciones basándose en ingresos brutos y no en utilidades netas es un grave error financiero.
- Injusticia fiscal: Obliga a pagar altas sumas a empresas que operan en números rojos o en fase de recuperación.
- Freno al emprendimiento: desincentiva la creación de nuevos negocios que tardan años en ver ganancias reales.
Falta de consenso y opacidad legislativa
La prisa con la que el Congreso aprobó el proyecto del senador Antonio Marte evidencia una total desconexión con la realidad del mercado. Ignorar las advertencias de gremios de la talla del Conep, AmchamDR y Asonahores no es solo una falta de cortesía política; es un atentado directo contra el clima de inversión y la seguridad jurídica del país.
El impacto final en el ciudadano
Las grandes corporaciones verán multiplicadas sus contribuciones hasta los RD$2.2 millones, un aumento desproporcionado comparado con la tarifa fija anterior. Es ingenuo pensar que este incremento no se trasladará directamente a los precios de los bienes y servicios básicos. Al final, bajo la noble bandera de la gestión ambiental, el Estado impone una carga que frena la competitividad y drena la economía nacional en un momento donde se requiere justamente lo contrario: previsibilidad y apoyo al aparato productivo.
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