SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, desmintió categóricamente que la normativa que regula las firmas encuestadoras en materia político-electoral haya sido anulada, suspendida o revocada. El magistrado enfatizó que el reglamento se mantiene plenamente activo y con fuerza legal en todo el territorio nacional.
Sobreseimiento técnico para evitar fallos contradictorios
- Recursos recibidos: La JCE recibió dos solicitudes de reconsideración contra el reglamento por supuestas faltas constitucionales, sometidas de forma independiente por la empresa ACD Media y el movimiento cívico Participación Ciudadana.
- Causa de la pausa: El Pleno de la JCE dictó un sobreseimiento el pasado 18 de junio para congelar temporalmente el análisis de estas impugnaciones.
- Conflicto de competencias: La paralización responde a que el Tribunal Superior Electoral (TSE) ventila una medida cautelar y una demanda de nulidad sobre la misma norma, sometidas por la Fundación Sin Fronteras.
- Fallo vinculante: La JCE esperará la sentencia definitiva del TSE para adecuar sus directrices y evitar sentencias opuestas entre ambas altas cortes.
Alcance de las sanciones y presiones
El titular del órgano electoral aclaró que el régimen penal y administrativo del reglamento afecta única y exclusivamente a los partidos políticos y a las firmas encuestadoras acreditadas. En ningún escenario se contemplan penalidades directas contra medios de comunicación, periodistas o líderes de opinión de manera individual.
Al ser abordado por la prensa sobre supuestas coacciones de sectores externos para engavetar la medida, Jáquez Liranzo fue enfático: "La palabra presión no existe en el diccionario de la JCE", ratificando que cada paso institucional se fundamenta de manera rigurosa en el marco legal vigente.
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