Instituciones de la Mesa de Ilícitos, coordinada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), decomisaron 119,708 unidades de mercancías en un establecimiento comercial de nacionales chinos en el sector de Villa Consuelo, Distrito Nacional.
Bebidas alcohólicas
Cigarrillos premium de alta gama
Estimulantes sexuales y medicamentos
Valor estimado: RD$19,482,180
Fueron descomizados.
El informe oficial señala que todos los productos carecían de registro sanitario y presentaban graves fallas de etiquetado. Las autoridades calificaron la mercancía como contrabando, que representaba:
Alto riesgo para la salud pública
Evasión fiscal en perjuicio del Estado dominicano
CECCOM (Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías)
DIGEMAPS (Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios)
Dirección General de Migración
Ministerio Público — Unidad de Propiedad Intelectual
Las mercancías fueron trasladadas a la sede del CECCOM bajo estricta cadena de custodia.
El titular del MICM, Eduardo Sanz Lovatón, reiteró que la entidad continuará siendo implacable contra quienes operen al margen de las leyes comerciales, sanitarias y fiscales del país.
Durante el operativo fueron detenidas cinco personas de nacionalidad haitiana con estatus migratorio irregular, puestas a disposición de las autoridades de Migración.
El operativo de Villa Consuelo no es un hecho aislado, sino que forma parte de una línea de acción sostenida del Gobierno dominicano en tres frentes: comercio irregular, control sanitario-fiscal y orden migratorio. Aquí la relación con acontecimientos recientes:
Coincide con la disputa diplomática abierta estos días entre EE.UU., China y República Dominicana sobre tecnología, que evidencia una mayor atención oficial a las operaciones comerciales vinculadas a capital y mercancía chinos. Mientras las embajadas debaten sobre tecnología, las autoridades dominicanas intensifican inspecciones físicas en locales de propiedad china:
Este decomiso se suma a inspecciones previas en zonas comerciales del Distrito Nacional y Santiago dirigidas a verificar el cumplimiento de normas sanitarias, fiscales y de etiquetado.
El patrón se repite: productos sin registro sanitario, etiquetado en idioma extranjero sin traducción oficial y ausencia de documentación de importación legal, es decir, presunto contrabando.
El ministro Eduardo Sanz Lovatón ha mantenido desde que asumió una política declarada de "tolerancia cero" al comercio informal irregular.
Operativos similares se han realizado en mercados populares, zonas fronterizas y puertos, incautando productos textiles, calzado, electrodomésticos y productos farmacéuticos sin cumplir la ley.
La estrategia: la Mesa de Ilícitos como mecanismo interinstitucional permanente (MICM + CECCOM + DIGEMAPS + Migración + Ministerio Público), que ahora actúa de forma coordinada en lugar de acciones aisladas.
El argumento oficial: proteger la salud pública + recaudación fiscal + competencia leal para comerciantes formales.
El hecho de haber detenido cinco personas de nacionalidad haitiana con estatus irregular en el mismo operativo refleja una nueva modalidad combinada:
Las inspecciones comerciales se aprovechan para verificar también la residencia y estatus migratorio de quienes laboran en los establecimientos.
Se enlaza con la política de endurecimiento migratorio anunciada por el Gobierno: combatiendo al mismo tiempo mercancía ilegal y mano de obra irregular.
Los medicamentos y estimulantes sexuales decomisados confirman una tendencia: las autoridades se focalizan especialmente en productos que afectan directamente la salud pública. En fechas recientes, DIGEMAPS ha decomisado en múltiples puntos del país suplementos, medicamentos y productos cosméticos importados sin control sanitario alguno, riesgo que se multiplica cuando la mercancía ingresa por canales no oficiales.
Lo ocurrido en Villa Consuelo es una pieza más de una estrategia más amplia: el Gobierno combina presión diplomática, inspecciones físicas intensificadas, persecución fiscal, vigilancia sanitaria y control migratorio en una sola operación. El mensaje es doble: se vigila más de cerca lo que entra al país y también a quién lo comercializa y quién trabaja en esos locales.
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