Ángel Artiles Díaz
Abogado, periodista, locutor y comunicador
En muchos países, incluidas nuestras democracias caribeñas e hispanoamericanas, solemos decir que vivimos en libertad porque acudimos a las urnas cada cierto número de años. Se nos enseña que votar es el acto central de la vida cívica, y que con ello cumplimos nuestra parte como miembros de la comunidad política. Sin embargo, la realidad cotidiana nos muestra una brecha profunda: el derecho a elegir gobernantes convive con la ausencia de protección efectiva de nuestros derechos, con instituciones que responden más a intereses particulares que al bien común, y con una sensación de impotencia que nos aleja de lo público. Fue el politólogo argentino Guillermo O’Donnell quien describió con claridad esta paradoja, acuñando en 1993 el concepto de ciudadanía de baja intensidad para nombrar precisamente esa democracia que existe en la letra de la ley, pero que se debilita en la práctica diaria.
El concepto y su origen.
O’Donnell (1993) describió esta situación mediante el concepto de ciudadanía de baja intensidad, en el marco de democracias con importantes debilidades institucionales. A diferencia de la ciudadanía plena -aquella en la que todas las personas gozan, en igualdad de condiciones, de derechos políticos, civiles y sociales-, la de baja intensidad se caracteriza por una cobertura incompleta y desigual de esos derechos. El derecho a votar y a ser elegido suele estar garantizado, pero los demás derechos -a la justicia pronta, a la igualdad ante la ley, a la integridad personal, a la educación y salud dignas, a la voz y a la participación más allá de las elecciones- quedan reducidos a promesas o reservados a quienes tienen poder o influencia.
No se trata de que la democracia no exista, sino de que funciona de manera parcial, desigual y, a menudo, fragmentada. Para amplios sectores de la población, la ciudadanía se reduce a un momento: el de depositar el voto. Una vez cerradas las urnas, la capacidad de incidir en las decisiones se desvanece. Las instituciones, en lugar de servir como contrapesos y garantes, aparecen frágiles, permeables a la corrupción o subordinadas al poder de turno. El Estado no logra hacer valer la ley por igual en todo su territorio ni para todas las personas, y la confianza en lo público se desgasta, dando paso a la indiferencia, al desaliento o a la protesta que, a veces, no encuentra cauces institucionales para transformarse en cambio duradero.
Vivir con derechos que no se cumplen.
En una ciudadanía de baja intensidad, las personas aprenden que sus derechos dependen de a quién conocen, de qué recursos tienen o de qué grupo respaldan, y no de su condición de ciudadanos iguales ante la ley. Se normaliza la idea de que “así son las cosas” y se va apagando la convicción de que lo público también nos pertenece. La participación se limita a las campañas; el resto del tiempo la ciudadanía se siente espectadora, no protagonista. Esta realidad tiene consecuencias profundas: si la democracia no se siente en la vida diaria -en el trato justo, en la seguridad, en las oportunidades-, el compromiso cívico se debilita. La gente deja de creer que su voz importa, y ese vacío lo llenan la apatía, el clientelismo o soluciones que, en lugar de fortalecer la convivencia, la fracturan aún más. O’Donnell nos advirtió que no basta con celebrar elecciones para tener una democracia: la verdadera ciudadanía se construye cuando los derechos son reales para todos y todas, en cada rincón del país y en cada momento, no solo cuando hay elecciones.
Hacia una ciudadanía plena: tarea de todos.
Revertir la ciudadanía de baja intensidad no es obra de un solo gobierno ni de una sola generación. Exige fortalecer las instituciones para que sean independientes, transparentes y accesibles; exigir que la ley se cumpla sin excepciones; y reivindicar la participación constante, no solo electoral, en los asuntos que nos afectan a todos. Significa recordar que ser ciudadano o ciudadana no se reduce a un derecho, sino a una práctica que se renueva cada día: exigiendo, proponiendo, vigilando y cuidando lo común.
La democracia, en definitiva, no es algo que se tiene, sino algo que se hace. Y para que deje de ser de baja intensidad, hace falta que todos y todas asumamos la responsabilidad de ampliarla, defenderla y vivirla con la fuerza que merece.
Obra consultada: O’Donnell, G. (1993). Estado, democratización y ciudadanía. Revista de Estudios Sociales, (1), pp. 103–126.
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