Santo Domingo. — Más de la mitad de los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A podrán regresar a sus hogares bajo arresto domiciliario, gracias a acuerdos alcanzados con el Ministerio Público. Al menos 13 de los acusados negocian o ya cerraron convenios de colaboración, según informaciones de El Nacional.
El Ministerio Público ha confirmado que 10 personas admitieron los cargos y abrieron procesos de cooperación con las autoridades; otras 3 están en vías de formalizar acuerdos similares. Las negociaciones se basan en la figura de la delación premiada: a cambio de colaboración y devolución de recursos, se aplican medidas de coerción leves que no incluyen prisión preventiva. En su lugar, se contemplan arresto domiciliario, presentaciones periódicas, impedimento de salida del país y garantías económicas.
En la audiencia celebrada el viernes, varios imputados reconocieron los hechos, mostraron arrepentimiento y pidieron disculpas, circunstancias que motivaron al Ministerio Público a ajustar su solicitud para nueve de ellos. Quienes podrían beneficiarse con arresto domiciliario son: Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Durante la primera etapa de la Operación Cobra, en diciembre de 2025, otros cinco imputados ya habían obtenido medidas similares tras confesar el pago de sobornos. Las admisiones se sustentan en la restitución de fondos y la cooperación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a cambio de penas reducidas o criterios de oportunidad. El Ministerio Público precisó que no existe acuerdo alguno con el principal implicado, Santiago Hazim.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, calificó las confesiones como muestra de la solidez de la investigación. La solicitud de medidas de coerción se apoya en 706 elementos probatorios.
El juez Rigoberto Sena dictará sentencia el domingo 27 de septiembre a las 7:00 de la noche.
El caso SeNaSa 2.0-A describe una presunta red de corrupción estructurada por el director ejecutivo de la institución junto a funcionarios y prestadores de salud. Se imputan delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa, desfalco, falsificación y lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano.
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