SANTO DOMINGO — El presidente Luis Abinader defendió este lunes la aplicación del régimen de cúmulo de penas contemplado en el nuevo Código Penal (Ley 74-25), que establece hasta 60 años de prisión para personas con múltiples delitos.
Durante su intervención en las entrevistas que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a aspirantes a la Suprema Corte de Justicia, el mandatario señaló que quienes registran numerosos antecedentes tienen escasas posibilidades de reinserción social:
«Una gente que tenga 10 fichas es muy difícil que se rehaga. Yo no le veo muchas posibilidades de poder reincorporarse a la sociedad, aunque nunca se renuncia».
Abinader agregó que la reforma responde a la realidad delictiva actual:
«Nos estamos adaptando también al tipo de criminalidad del momento; se necesita ya una reacción con un código que pueda encarar esos retos que tenemos actualmente».
La postura fue expuesta en el marco de la entrevista a Miguelina Beard Gómez, aspirante a la Suprema Corte, quien respaldó la implementación del régimen de penas acumuladas.
Debate: disuasión vs. reinserción
El tema generó un intercambio con Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y también aspirante a la SCJ, quien planteó que el aumento de sanciones no resuelve por sí solo las causas de la delincuencia:
«El tema del cúmulo de penas no va a resolver los problemas de la criminalidad, absolutamente. Sesenta años de prisión en un país donde el promedio de vida es 72, es algo que no necesita mucha explicación».
El magistrado explicó que este modelo se basa en la teoría de la incapacitación —mantener alejados a los delincuentes por períodos prolongados—, lo que puede entrar en contradicción con el fin constitucional de reinserción social:
«Y ahí viene el gran dilema. La razón de ser del derecho penal y la razón de ser de la pena. Ambas razones son irreconciliables».
Báez García abogó por políticas públicas que atiendan también las causas estructurales de la criminalidad, aunque reconoció que el Estado no puede prevenir todos los hechos delictivos.
Posición del presidente
Abinader coincidió en la importancia de fortalecer la prevención y atender las causas del fenómeno, pero sostuvo que penas más severas tienen un efecto disuasorio:
«Mayores penas también están probadas que son una disuasión».
Reconoció que existe diversidad de criterios en la materia, pero reiteró que las sanciones más estrictas pueden contribuir a desalentar la comisión de delitos.
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