Acusan a instancias civiles de defender corruptos

Hotoniell Bonilla

SANTO DOMINGO .- El director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, denunció a “ciertas instancias de la sociedad civil” de defender, hasta en los tribunales, a personajes acusados de cometer dolo en el manejo de recursos públicos.

El director de DPCA puso como ejemplo el caso de Carlos Salcedo, ex director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y actualmente abogado de la defensa de Héctor Rodríguez Pimentel, acusado de malversar cientos de millones de pesos cuando se desempeñó como director del Instituto de Recursos Hidráulicos.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´Agenda, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el funcionario judicial dijo que la lucha contra la corrupción no debe ser oportunista ni circunstancial, sino firme y constante, sin importar las personas o sectores involucrados en ese delito.

Dijo que no es la primera vez que Salcedo defiende este tipo de personaje, ya que también lo había hecho con funcionarios del Banco Central del periodo 2000-2004, quienes dieron un manejo doloso a las quiebras bancarias del 2003.

Ve Rodríguez Pimentel no tiene salida

Bonilla opinó que el ex director del INDRHI, Rodríguez Pimentel, no tiene otra salida que no sea la condena, por las graves acusaciones que pesan en su contra “con respecto al manejo corrupto dado a los fondos públicos de esa institución”.

Dio por seguro que Rodríguez Pimentel tratará de buscar impunidad por vías distintas al juicio que deberá enfrentar en los tribunales de la República.

Reiteró que solamente en el caso de la Presa Monte Grande, el ex funcionario desvió fondos por más de 56 millones de dólares, mientras que en otras ejecutorias las acciones fraudulentas superan los mil 500 millones de pesos.

Expediente del SEMMA

El director del DPCA sentenció que el expediente de corrupción que pesa contra los acusados del desfalco al Seguro Médico para Maestros, SEMMA, es sumamente grave.

Calificó como altamente delictivo que la institución pagara más de 26 millones de pesos a un abogado para notarizar contratos de afiliación de empleados que luego se demostró nunca llenaron ni firmaron esos documentos.

 Agregó que también los ejecutivos de esa institución pagaron más de 125 millones de pesos para un seguro odontológico que los beneficiarios nunca recibieron.

Dijo que lo más triste del caso es que esos despilfarros se producían cuando varios profesores perdieron la vida, o se le agravaba sus condiciones de salud, porque su seguro médico estaba suspendido por falta de pagos.

En otro orden, y con respecto a los casos de Ángel Lockward, Amable Aristy Castro y José Enrique Sued, el Director de la DPCA aseguró que las investigaciones continúan y prometió que en caso que se demuestren acciones dolosas, los responsables serán sometidos a la justicia.

Enfatizó que en todos esos hechos, las personas investigadas y/o sometidas son porque las auditorías de la Cámara de Cuentas han determinado el uso fraudulento de los fondos públicos puestos bajo su responsabilidad.