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Fundación cuestiona licitaciones oficiales


 SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) se mostró preocupada por la gran cantidad de compromisos que, a su juicio, funcionarios públicos “ están asumiendo “de manera acelerada”.
Indicó que en los últimos días se han estado realizando licitaciones, en muchos casos sin observar los dictados de la ley 340-06 sobre Compra y Contrataciones de Bienes y Servicios
Trajano Potentini, presidente de la entidad, llamó la atención de las autoridades por “los recientes intentosde la Oficina de ingenieros Supervisores de Obras del Estado de adjudicar bajo la modalidad de licitaciones una carretera que envuelve mas de (1,000) mil millones de pesos”.
Dice que lo mismo ocurre en el Ministerio de Obras Públicas con la asignación de diversos contratos a empresas que controlan más del 80% de todas las obras que maneja esa cartera.
Señala que también hay aprestos del Ministerio de Interior y Policía para licitar 12 camiones por valor de más de (100) cien millones de dólares.
La FJT lamentó que en pasos y diligencias similares estén el Ministerio de Educación y la CorporaciónDominicana de Empresas Estatales Eléctricas (CDEEE).
Aconsejó a estos organismos dejar sin efecto “todas esas acciones imprudentes y plagadas de ilegitimidad en momentos que imponen de colaboración, comprensión y coordinación para con el proceso de transición”.
A su juicio, los funcionarios deberían concentrarse preferiblemente en el saneamiento y organización de sus administraciones para dejar sus cuentas claras.
Ayer la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) acusó al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa, de pretender acorralar la gestión del presidente electo Danilo Medina al iniciar licitaciones de obras, faltando apenas 46 días para el traspaso de mando.
Explica que las obras licitadas recientemente corresponden a proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dentro del programa de reconstrucción y mantenimiento de caminos vecinales.
El coordinador general de la entidad de la sociedad civil, Julio César De la Rosa Tiburcio, dice que "constituye un abuso que en medio de un proceso de transición se estén otorgando obras, lo que evidencia falta de ética, al comprometerse mas allá de un mandato, cuando la lógica recomienda que esa sea una tarea de las próximas autoridades".

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