OPINIONES... El ejercicio de la insolencia - El presidente debería recurrir a la Corte Interamericana

El ejercicio de la insolencia

Por MANUEL NÚÑEZ

EL AUTOR es historiógrafo, poeta y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

Durante muchos años,  hemos consentido que ciertos extranjeros nos humillen. Hemos permitido que irrespeten a los poderes del Estado. Que se burlen de las autoridades.  Que ultrajen la honra y el honor de nuestros patricios, que quemen públicamente nuestra bandera, que manipulen nuestras creencias religiosas, para ponerla al servicio de la destrucción de la nación. Y, como si todo lo anterior no fuera suficiente humillación, hemos aceptado que insulten nuestra inteligencia.

Ningún país del mundo ha padecido tan desgarradoramente semejante ejercicio de la insolencia.

Hace pocos días, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas (ACNUR) en nuestro país,  nos reveló que ese organismo se empleará a fondo para la destruir la Sentencia 168/13 emitida por un poder del Estado. Don Gonzalo Vargas Llosa, el arrogante funcionario internacional, se atribuye el derecho de sustituir a un poder del Estado dominicano:

Quiero reafirmar el compromiso del ACNUR y la Comunidad Internacional para hacer todo lo posible para ayudar a Juliana Deguis Pierre y a los otros miles de afectados por la Sentencia del TC a recuperar lo que siempre fue suyo  ( HOY, 24/4/14)

¿En nombre de qué principio puede el ACNUR suprimir la soberanía nacional? ¿Quién le dijo a este señor que él puede desmantelar las leyes y la Constitución de nuestro país?  El descaro del hijo solo pudo ser superado con la insolencia del padre, don Mario Vargas Llosa, quien tuvo la  cachaza de pedirle al Papa Francisco que inhabilitara al Cardenal dominicano,  Nicolás de Jesús López Rodríguez.  En su delirios de grandeza, el plebeyo al que han convertido en marqués, les lanzó unas flores al Papa, unos elogios interesados,  como hacen los buenos intrigantes para poder manipularlo, y lograr que se echara de la iglesia al cardenal dominicano al que ha llamado “cavernario”, entre otros insultos.

En ninguna circunstancia el señor Vargas Llosa podía aprobar un  examen de cristiandad. Tampoco puede  manipular las decisiones de una  Iglesia en la que no cree, de la que abjura. En  un artículo publicado en España acusó a las autoridades dominicanas de practicar el nazismo y la barbarie (“Los Parias del Caribe” 3/11/13, El País).  Esas falsedades fueron divulgadas en más de cuarenta de lenguas del mundo. No recuerdo a nadie que haya insultado la dignidad de los dominicanos como lo ha hecho el señor Vargas Llosa, al que, sin embargo, se le han rendido todos los honores. Mantenido en la privanza de aquellos que, al parecer, carecen de amor propio. El daño moral que  este sujeto le ha hecho a la imagen de la República Dominicana no tiene punto de comparación.

Al parecer,  la concesión del premio Nobel le ha dado una patente de corso para insultar a los Presidentes de Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina, de Ecuador, para llamar cloacas a los periódicos peruanos que no comulgan con sus extravagancias, para injuriar al 48% de los peruanos que votaron a una opción distinta de la suya, y para despacharse con  una montaña de insultos contra la República Dominicana.  Aunque se vista de seda, tenga título de Marqués, nació plebeyo, y plebeyo se queda.

Compite con este par de insolentes,  y sin duda le aventaja en petulancia, el sacerdote diocesano Christopher Hartley Sartorius, nieto de los Condes de San Luis, sobrino del Marqués de Nariño y, por lo tanto, primo de la duquesa Isabel Sartorius Zorraquín, la novia eterna de don Felipe de Borbón y Grecia. Hijo, a su vez, de un gran empresario, fundador de las mermeladas Hartley y corredor de azúcares en el mercado londinense. Personaje narcisista, agresivo, desquiciado que se creía la reencarnación masculina de Madre Teresa de Calcuta. Y se propuso construirse una reputación de santo apoyado en  la destrucción de nuestro país. Para montar su número, escogió ser el redentor de los haitianos radicados en los bateyes de San José de los Llanos (San Pedro de Macorís). Las bellaquerías que hizo este cura durante más de diez años pueden llenar un libro de aventuras. Maltrataba a la comandancia de la Policía de San Pedro de Macorís. Se convertía en abogado de auténticos y probados delincuentes. Empleaba a los haitianos como escudos humanos para labrarse fama y nombradía. Sus campañas internacionales le hicieron gastar millones de dólares al Consorcio Vicini, que trató inútilmente de parlamentar con esta fiera, haciéndole concesiones, y teniendo cada vez que terciar con nuevas exigencias. En una circunstancia humillante para el país, el señor Hartley, valiéndose de sus influencias familiares,  logró que las Naciones Unidas, le enviara un contingente de soldados para su protección en San José de los Llanos.  Un contingente militar extranjero dispuesto a batirse.

Cuando finalmente la Iglesia le retiró su apoyo para ponerle fin a sus diabluras en el 2006, lo sacó  de la misión en República Dominicana, mandándolo a Etiopia, donde se hallaban los pobres de verdad, se empleo a fondo para boicotear las compras de azúcares dominicanos, solicitándole a Tate & Lyle la anulación de los contratos con República Dominicana, acusándonos de practicar la esclavitud. Nuestras embajadas en el extranjero sudaron tinta china para evitar que las maniobras de este depredador de reputaciones alcanzarán su objetivo. Posteriormente,  se hizo acompañar de abogados temibles y la ONG que él dirige logró incoar una querella contra la República Dominicana para que fuese excluida del DR CAFTA por sus prácticas laborales.  El Departamento de Estado y, particularmente, el Departamento de Trabajo, tras examinar el caso, dejaron  sin efecto sus novelescas argumentaciones. De  todos esos enredos, se hizo eco la prensa estadounidense.

Incansable como los locos,  hizo una gran campaña en Canadá, Estados Unidos y Europa para desmantelar el turismo dominicano: exposiciones de fotografías en Francia; estreno  en el 2007 de la película  “ The prize of Sugar” del director Bill Harney, en la cual se narran sus heroicas proezas para hundir la imagen internacional de la República Dominicana, y saciar su personalidad megalómana. En ese recorrido promocionaba  su  biografía “Esclavos en el paraíso” y la película de su obra en República Dominicana, se remataba con peticiones a las grandes empresas para que no compraran los productos agrícolas procedentes de República Dominicana y a los turistas para que se abstuvieran de venir a un país esclavista. Al año siguiente, logró venir al país con un grupo de Congresistas estadounidenses con el objeto de propiciar una intervención internacional, una condena que disuelva la soberanía nacional.

Cosa curiosa, en los momentos en que estalla esta campaña contra el Consorcio Vicini, la proporción de trabajadores haitianos es una de la más baja en toda su historia. No sobrepasan las 12 mil personas, y se hallaban, desde luego, en mejores condiciones materiales que en su país de origen.  La Cancillería tuvo que hacer de tripas corazón para evitar que las cosas fuesen a mayores.

¿Cómo hemos podido tolerar tanta insolencia?

La insolencia de las marionetas de la prensa y del Centro Bonó, quienes, con el apoyo de la USAID combaten la Constitución y las leyes, se dedican a amenazar al Gobierno con intervenciones internacionales. Que ya salieron los hombres del Caucus Negro. Que Venezuela cortará el petróleo si no entregan la ley en cuarenta y ocho horas. Que la  Corte Interamericana nos condenará. Cosas siniestras. Campañas de miedo.

Insolencia peligrosa protagonizó el Padre jesuita Regino Martínez que estuvo a punto de provocar un incidente de incalculable proporciones en la frontera de Dajabón. Insolentes famosos fueron el padre belga  Pierre Ruquoy y el cura  haitiano Vigny Bellerive que declararon montañas de hijos haitianos, desafiaron a las autoridades, llevaron al país al banquillo de la Corte Interamericana, y, además, todas sus diabluras quedaron rotundamente impunes. ¡Son tantos los insolentes! Particularmente, la insolencia de algunas autoridades que se han propuesto traicionar la Constitución y las leyes del Estado.

En los manejos de la hipocresía y la insolencia, a Monseñor Thadeus Okolo, nuncio de su Santidad el Papa Francisco, hay que sacarle su comida aparte.

El embajador del Vaticano no oculta sus preferencias por la población inmigrante haitiana en el país. Preferencias raciales, étnicas, que le hacen abandonar los usos diplomáticos. Sus misas en creole, sus declaraciones públicas y sobre todo las privadas,  nos  lo retratan de cuerpo entero.  De lejos, se le ve el plumero.

En  sus  funciones de decano del cuerpo diplomático convocó a todos los embajadores a un coctel con el Presidente Medina en enero de este año. En las invitaciones al solemne acto, el Nuncio excluyó al esposo del embajador de los Estados Unidos. Esto provocó que varios diplomáticos que habían notado la exclusión del cónyuge de su colega, y vaya colega,  protestarán y manifestarán que  en esas condiciones no asistirían al acto. Para ocultar su responsabilidad, y hacer que pague el primo, el Nuncio dijo que las leyes dominicanas le prohibían invitar al esposo del embajador.

¡Vaya intrigante este Okolo !

Según esto, las reclamaciones del cuerpo de embajadores deberían  dirigirse, no al responsable de la exclusión, sino a las leyes dominicanas. El embajador de Estados Unidos, ya había sido recibido, en anteriores ocasiones por el Presidente Medina, acompañado de su media naranja, sin por ello se cayeran los altares. Cuando Okolo se vio atrapado,  trató de traspasarle la responsabilidad de su acción a la Cancillería. Y proclama que los usos diplomáticos de la Cancillería le impedían tomar una decisión diferente. La Cancillería le responde que ese acto es de la exclusiva responsabilidad de la Nunciatura. Que no tiene vela en ese entierro.

Si quería manifestarle amistad al embajador estadounidense en público, empleando su risa sardónica, máscara de otros sentimientos menos nobles, y en privado, poniendo a otros a enterrarle la puñalada trapera, desaprobando su matrimonio, se les peló la quiniela.

Quien actúa con semejantes escrúpulos, que son los de María Gargajo, olvida la fama bien ganada de pederasta, cocainómano y borracho que tenía el nuncio que le precedió, el polaco  Josef Wessoloski.  Todavía no se ha enfriado el calor de sus sentaderas en nunciatura, y este señor en lugar de devolverle el prestigio a una nunciatura deshonrada por el comportamiento del nuncio anterior, se ha vuelto un pendenciero de los asuntos migratorios dominicanos. Se burla de los dominicanos que asisten a su misa, hablándole en otra lengua. Ha puesto oídos  sordos a  los reclamos  de  las  víctimas de Wessoloski. Le ha dado largas a las  peticiones de  extradición de la Procuraduría  para hacerles justicia a las numerosas víctimas del nuncio anterior, que, como tantos otros, ha usado la sotana y la casulla,  para hacer un ejercicio de insolencia.

OPINION: El presidente debería recurrir a la Corte Interamericana

Por JUAN BOLIVAR DIAZ

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Todo parece indicar que el proyecto de ley que buscaría restituir la nacionalidad a los afectados por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a ser congelado por la resistencia de sectores ultranacionalistas, a pesar de que la última formulación parecía tener apoyo de los dos líderes del partido de Gobierno.

Ante las advertencias y temores de que sea desconocida la sentencia, y si se quiere resolver el drama de decenas de miles de personas que provoca escándalo internacional, el Presidente debería recurrir a la última instancia constitucional dominicana en esa materia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un Gobierno indeciso. Cuando al finalizar marzo el presidente Danilo Medina concluyó la ronda de consultas sobre el conflicto generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país que habían sido registrados como dominicanos, se dio por hecho que en breve enviaría un proyecto de ley al Congreso buscando una solución humana y justa al problema, que además tuviera la virtud de conjurar el escándalo internacional y el descrédito que afronta el país.

De hecho, cuando inició las consultas, Medina ya tenía el diseño de un proyecto de ley que reconocería la nacionalidad de los que habían sido inscritos en el Registro Civil antes de la promulgación de la Constitución vigente, el 26 de enero de 2010, como manda el numeral 18.2 de la misma, excepto a quienes hubiesen participado en alguna irregularidad. Aceptando la irregularidad dictaminada por el TC, se reconocería las inscripciones a partir del precepto de que nadie puede pagar por culpas ajenas y menos por deficiencias del Estado que les confirió la nacionalidad.

El director de Migración, José Ricardo Taveras, dirigente del grupo promotor de la desnacionalización denominado Fuerza Nacional Progresista, fue de los que pareció aceptar la transacción bajo el predicamento de que el Estado tenía que pagar por su negligencia. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien inició administrativamente las desnacionalizaciones en el 2007, también pareció tirar la toalla cuando dijo que acataría lo que decidieran el Gobierno y el Congreso.

El resultado de las consultas ratificó la división de la sociedad dominicana sobre el conflicto, sin que el presidente Medina haya dado un balance. Novedoso para el mandatario debió ser que el grupo de altos empresarios consultados en una reunión se manifestó prácticamente a unanimidad a favor una solución justa del escándalo, como ocurrió con los representantes de las iglesias evangélicas.

El clave Leonel Fernández. El primer sábado de abril, al reunirse con los dirigentes del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Leonel Fernández, admitió que coincidía con la fórmula del proyecto de ley que barajaba el presidente Medina. Defendió firmemente la sentencia del TC en el sentido de que no correspondía la nacionalidad a los nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados, considerándolos en tránsito, pero admitía la fórmula de reconocérsela por ley a quienes no fueran responsables de la irregularidad.

El líder peledeísta llegó a especificar que el reconocimiento se extendería a las 24,392 personas que la JCE estima afectadas por la sentencia, y consecuentemente a los descendientes de estos, a quienes se les ha negado el registro ciudadano. También precisó que a los descendientes de indocumentados nacidos en el país pero que no fueron declarados, la ley consensuada les daría la opción de la naturalización. Como sus interlocutores, una docena de profesionales y religiosos, insistieran en que la ley debería abarcar a todos los que a su juicio tenían derecho a la nacionalidad por el jus soli, Fernández prometió hacer llegar ese criterio de la nación al Presidente, aunque persistió en que no les correspondía la nacionalidad.

La posición del exmandatario no fue sorpresa, pues ya la había manifestado en otra conversación informal, en dos declaraciones en Estados Unidos y en un artículo del 30 de diciembre en el Listín Diario, donde favoreció “una solución que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos”.

La Corte Interamericana. En los últimos días los más duros defensores de la desnacionalización han vuelto a formular advertencias al Gobierno, algunos aliados en tono chantajista, y se ha visto el espectáculo del presidente del TC advirtiendo de riesgos de un golpe de Estado constitucional, mientras el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, planteaba que la sentencia es intocable, y se afirma que las presiones sobre el Presidente, en ambas direcciones, son de gran magnitud.

En tal circunstancia, el camino lógico para el Gobierno debía ser recurrir en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción es parte del bloque constitucional dominicano, según el artículo 74.3 de la Constitución, por lo que sus decisiones son vinculantes para los tribunales y demás órganos del Estado.

La Corte fue creada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por la nación dominicana en 1978. El presidente Leonel Fernández reconoció formalmente en 1999 la competencia de la Corte “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

Por su parte el Tribunal Constitucional, en su sentencia 136/13 del 22 de agosto pasado, un mes antes de la 168/13, reconoció que RD es integrante de la Convención Americana de los Derechos Humanos y “aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano consultivo y contencioso”. Y en noviembre del 2012 firmó con ella un Acuerdo Marco de Colaboración. Los que creen que pueden denunciar ambos pactos deben saber que el párrafo del artículo 57 de la Ley orgánica del TC establece que “si el tratado internacional es reputado constitucional, esto impide que, posteriormente, el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal”.

El presidente puede apelar a la “Opinión Consultiva” de la Corte, prevista en el artículo 72 de su reglamento y en el 64 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. De esa forma se quitaría de encima un conflicto que le ha consumido seis meses y amenaza afectar toda su gestión, al tiempo que reduciría el escándalo internacional.

Así también podría evadir una condena como la emitida por ese organismo en el 2005 en el caso de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en el país, y a las que se les había negado el registro.

La Comisión Interamericana, que opera como procuraduría fiscal de la Corte, tiene unos 48 casos de desnacionalizados bajo ponderación desde el 2011 y se cree que podría agilizar su trámite.

Se sabe que organismos internacionales, como la Asociación de Estados Africanos y el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos han contemplado acciones contra la República Dominicana bajo acusaciones de discriminación racial y xenofobia, y que han sido persuadidos de esperar la solución prometida por el Gobierno.

Las agencias de las Naciones Unidas y la Unión Europea no ocultan su expectativa de una solución a lo que se ha denominado como genocidio civil.

Desconcierto general
La indecisión gubernamental ha creado desconcierto en la opinión pública y en los círculos diplomáticos así como en los organismos internacionales, tanto dentro como fuera del país. A ello se puede atribuir que el embajador de Estados Unidos, James Brewster reiterara el viernes en Santiago que “como ya lo he dicho en otras ocasiones anteriores, lo que nos interesa es garantizar que a nadie se quite su ciudadanía”.

Se creía que con el consenso entre los dos mayores líderes del partido de Gobierno y que controla absolutamente las dos cámaras legislativas, la solución al conflicto estaba garantizada. Ambos partían de la convicción de que el llamado genocidio civil tiene un costo muy elevado para la imagen del país y que puede llegar a una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha hecho repetidas veces la Comisión Interamericana.

Pero un mes después del aparente consenso nadie sabe a ciencia cierta por qué el proyecto de ley no ha sido enviado al Congreso, y en cambio se vuelve a hablar del proyecto de naturalización que habían preparado en noviembre y que fue congelado hace cuatro meses tras la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país la primera semana de diciembre, la que advirtió que eso no solucionaría la masiva violación de derechos.

El rechazo internacional a la desnacionalización masiva es tan significativo que concurren al mismo Estados Unidos y Venezuela, enfrentados hace tiempo en el ámbito interamericano. A gestiones del canciller venezolano se atribuye que las conversaciones domínico haitianas iniciadas a fines del 2013 puedan continuar el jueves en Puerto Príncipe, tras un cuarto aplazamiento de dos días. Con auspicios de Venezuela, movida por el Caricom, el Gobierno dominicano se comprometió con el de Haití el 19 de noviembre a “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en el país”. La importancia de Caricom para Venezuela quedó explícita el mes pasado cuando los 14 votos del bloque caribeño impidieron que la crisis venezolana se discutiera en el Consejo Permanente de la OEA.