OPINIONES:

Se advierte deterioro del estado de derecho

Por JUAN BOLIVAR DIAZ

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Cada vez es mayor la convicción de que la única ley que tiene plena vigencia en el país es la de la conveniencia política, de lo que no escapan ni siquiera las llamadas altas cortes que actúan como brazo político dejando bajo fuertes interrogantes al estado de derecho prevaleciente en el país.

Una serie de acontecimientos de los últimos meses dejan interrogantes a resolver, mientras se ignoran leyes aprobadas tras largas consultas y se manifiesta renuencia a aprobar otras como las orgánicas del régimen electoral y la de partidos políticos, fundamentales para el proceso electoral excesivamente adelantado.

Ley de la conveniencia

Una serie de acontecimientos del orden legislativo, judicial y ejecutivo parecen confirmar la convicción de que la única ley que se cumple plenamente en el país es la de la conveniencia política. Esta semana la Cámara de Cuentas de la República denunció que más de un centenar de altos funcionarios han hecho caso omiso a la nueva Ley 311-14 de agosto pasado sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promovida durante años como mecanismo de prevención de la corrupción, y les otorgó un plazo de tres días para su cumplimiento. Prueba de la debilidad institucional es que la Cámara de Cuentas hubo de recibir apoyo de Unión Europea y el PNUD por 360 mil euros (unos 22 millones de pesos) para crear la plataforma de cumplimiento de la nueva ley, y que el embajador Alberto Navarro pidió al Congreso mayor esfuerzo para el objetivo de prevenir la corrupción.

Otra ley que no se cumple es la 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado, 15 meses después de ser promulgada el 6 de agosto del 2013, la cual establecía un plazo de seis meses para un proyecto de reglamentación en manos del Poder Ejecutivo desde principios de este año. Tampoco se ha cumplido la Ley 169-14 que dispuso entregar las actas de nacimiento a quienes fueron despojados por la sentencia 168-13 del TC.

Esta misma semana empezó a materializarse la convicción de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no dará paso al procesamiento del senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana Félix Bautista, sometido por el Procurador General bajo graves cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y falsedad de documentos, entre otros. El juez Fran Soto levantó el bloqueo de inmuebles del multimillonario político que había impuesto la Procuraduría.

Mientras tanto la SCJ ratificó el encargo de jurisdicción a Soto y al juez Moscoso Segarra, este último encargado de instruir la procedencia del juicio, cuando ambos son reconocidos dirigentes del partido del cual Bautista ocupa el tercer cargo. Sólo el interés de dejar la decisión en manos de compañeros de partido puede explicar las selecciones dispuestas por el presidente de la corte, Mariano Germán, también del mismo partido, cuando en la Cámara Penal de esa corte hay por lo menos tres jueces que no tienen connotación partidista: Miriam Germán, Juan Hiroíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas.

El Constitucional y la JCE

Otra decisión conflictiva se conoció esta semana, cuando se publicó el dictamen del TC que desliga a la Junta Central Electoral de la obligación de someter sus concursos y licitaciones a la jurisdicción de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, extremando su autonomía constitucional y en menosprecio de las leyes que rigen la materia. Resalta la rapidez con que el tribunal se ha pronunciado sobre una instancia, después que se reclamó a la JCE que transparentara la licitación del contrato de la nueva cédula, tras denuncias de favoritismo.

Si la JCE no tiene que rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos, lo mismo podrán aducir los poderes Legislativo y Judicial, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el mismo TC y hasta los partidos políticos, que deberían ser considerados los organismos más autónomos de cuantos reciben fondos públicos, y los cuales también están obligados por varias leyes a rendir cuentas.

Mientras tanto la JCE, en abierto chantaje al Gobierno para que le asigne mayor presupuesto el año próximo, dijo que termina el 2014 con un déficit de cientos de millones de pesos, es decir que violó la ley de presupuesto, y llegó al extremo de anunciar que por falta de fondos aplaza para febrero el trabajo de verificación de las solicitudes de reconocimiento de ocho nuevos partidos. Entre estos está Alianza País, que encabeza Guillermo Moreno, la cual lleva año y medio en manos del organismo, lo que constituye un abuso de poder, porque así no pueden recibir financiamiento público y se les dificulta el privado, mientras los viejos partidos llevan meses en campaña electoral.

Todo lo que tendría que hacerse es despachar cuatro o cinco equipos de inspectores a las regiones del país para que verifiquen si esos partidos tienen los locales abiertos y contactar a sus dirigentes. El costo es de dietas y combustibles. Lo demás es realizar verificaciones, mediante muestreo, de los listados computarizados de miembros, para lo cual la JCE tiene empleados y recursos técnicos. El vocero del gobierno, Roberto Marchena, respondió que hay limitaciones y la JCE, como todo el Estado, debe someterse a austeridad.

Del régimen electoral.

El interés de la mayoría legislativa oficialista de imponer su propio proyecto de ley de partidos, en detrimento de otros cinco previamente sometidos, incluso el de la JCE, y de múltiples consensos de 15 años, mantiene empantanada la aprobación de esa legislatura, mientras la campaña preelectoral se extiende por todo el país. Trascendió que persisten diferencias en una decena de aspectos fundamentales, como la transparencia del financiamiento, límites de gastos y de campañas y la pretensión de despojar de cargos electivos a quien renuncie al partido por el cual fue electo.

Mientras transcurre el tiempo ni siquiera se contempla otro proyecto de ley trascendente también en manos del Congreso, el que modifica el régimen electoral para conciliarlo con la Constitución promulgada hace casi cinco años y que debería regir para el próximo proceso electoral. Todavía la ley electoral marco de la JCE instituye dos cámaras y un pleno, lo que debió ser modificado hace tiempo por cuanto la nueva Constitución instituyó el Tribunal Superior Electoral como ente autónomo y separado de la Junta.

Hay quienes temen que se llegue al próximo proceso electoral sin renovar la ley electoral para aterrizar las facultades de normativa, control y sanciones atribuidas por la Constitución del 2010 a la JCE y el Tribunal Electoral. La situación actual se traduce en ventaja de quienes usufructúan el poder. Tanto esta como la ley de partidos son orgánicas por lo que requieren las dos terceras partes de los votos para su aprobación. Se le dificulta a la mayoría oficialista imponer sus criterios por lo que se cree que seguirán aplazándolas, sobre todo por la ausencia de una fuerza de oposición que presione por la institucionalidad democrática.

Culpar a los demás y condenarlos (Un cuento haitiano)

Por MANUEL NÚÑEZ

EL AUTOR es historiógrafo, poeta y profesor universitario. Reside en Santo Domingo.

En Washington, en el Palacio neoclásico y decimonónico que alberga la sede de la Organización de los Estados americanos, durante la disertación del ex Presidente Leonel Fernández, el representante de Haití ante el organismo hemisférico, le reprocho al disertante dominicano que no había colocado a la  “revolución”  haitiana dentro de los acontecimientos que habían ayudado a la integración del continente, capitaneada por la figura  incomparable de Simón Bolívar.

El paréntesis que hizo el embajador,  plagado  de falsedades, compara a  la “revolución” haitiana, con las grandes hazañas que han hecho avanzar los derechos humanos y  las libertades en el continente. Según  ello, Bolívar hallo toda su inspiración para la libertad en la figura de Alexandre Petion, el primero de una saga de presidentes vitalicios que sólo concluye en Jean Claude Duvalier (1986).  Pronunciadas en tan alto consistorio estas ocurrencias podrían engendrar equivocaciones; hacernos tomar decisiones andando en las nieblas.

¿Puede ser considerada la “revolución” haitiana como un acontecimiento ejemplar para el continente americano? ¿Podría haber servido ese acontecimiento para integración del continente,  y sería justo compararlo con las hazañas de Bolívar?  En la OEA , en esos conciliábulos donde  se elabora la política del continente, no pueden resultar válidas  esas mentiras, empleadas incluso para acusar al propio libertador Simón Bolívar  de no haber tomado en cuenta a los haitianos, sustituyendo los hechos con opiniones falsas.  Para despejar todas las dudas examinemos punto por punto las repercusiones de esta creencia.

En todas las revoluciones,  lo más importante no  es el espectáculo de las matanzas ni de las venganzas colectivas ni la fascinación que genera en algunos de sus personajes los baños de sangre, sino el régimen de derecho que se implanta en las épocas de paz. La Revolución francesa, por ejemplo,  dejó como una herencia el Código Civil. En cambio, desde el punto de vista político la “revolución” haitiana creo en el continente la figura de la monarquía absoluta, de los dictadores vitalicios y de los emperadores. En lugar de abrazar los principios de la revolución francesa, y fundar una república inspirada en los tres poderes de Montesquieu, hizo entrar en la historia un pasado superado. Ese régimen reaccionario no tuvo repercusiones en ningún país del continente, y sólo los dominicanos padecimos su expansión espantosa.

La abolición de la esclavitud en la colonia de Saint Domingue, antecedente de Haití,  fue una disposición tomada  por  Revolución francesa. El  decreto del 4 de febrero de 1794 (16 Pluviose, año II)  la Convención suprimió la esclavitud, y ordenó a los comisionados Sonthonax y Polverel que aplicarán el decreto en la colonia de Saint Domingue. Ese acontecimiento desató la “revolución” haitiana. La esclavitud fue suplantada por los trabajos forzados durante  el gobierno de Toussaint Louverture y, postreramente, durante el reinado de Dessalines. Tras la caída del reino de Christophe,  Jean Pierre Boyer,  se propuso volver al sistema de plantaciones de sus épocas de gloria. El Rey Christophe se hizo construir con el trabajo esclavo una impresionante fortaleza, la ciudadela de la Ferriere,  a 900 de altitud.  Miles de esclavos murieron en la construcción de ese impresionante mausoleo.  El movimiento independentista  que encabezaron los esclavos obedeció a  un sentimiento primario de existencia  y no estuvo guiado por ideales trascendentes de libertad y autodeterminación del pueblo haitiano.

Tras la ayuda militar prestada por Alexandre Petion a Simón Bolívar, las relaciones entre la Gran Colombia y Haití comenzaron a  desvanecerse  . Son muchas las razones de este desencuentro:

1.La Constitución haitiana privaba del derecho de propiedad a los blancos, implantaba el exclusivismo racial (Consúltese Art. 12, Constitución de 1805). En el frontis de la Constitución refrendada por el libertador de Haití,  Jean Jacques Dessalines, el redactor del texto constitucional  Boisrond Tonnerre escribió estas palabras introductorias, que  muestran la imposibilidad de convivencia entre negros y blancos:

“Para redactar este Acta Constitucional---escribió Boisrond Tonnerre---fue necesario la piel de un blanco como pergamino, el cráneo de un blanco como escritorio, la sangre de un blanco como tinta y como pluma una bayoneta”

Ninguno de los libertadores hispanoamericanos se habían inspirado en semejante credo de odio racial. En todas las Constituciones del continente, salvo en la haitiana,  tiene primacía el principio de la igualdad sin importar raza, color u origen. Ni a Bolívar ni  a Sucre ni a Santander les interesaba iniciar una guerra racial. José Martí, el apostol de Cuba,  había dicho premonitoriamente que los negros habían vivido demasiado tiempo en la esclavitud, para entrar voluntariamente en la esclavitud del color.

Las relaciones de Simón Bolívar y Alexandre Petion han sido cubiertas con una fraseología que esconde la verdad.  En los foros internacionales y en las reuniones diplomáticos se hacen declaraciones mentirosas, para generar apoyos inmerecidos, fundados en falsedades históricas. El embajador  haitiano presenta a Petion como un precursor de Bolívar, y a la llamada “revolución” haitiana como la clarinada de las independencias del continente.

 En 1824,  Jean Pierre Boyer, heredero de Petion, envió una misión diplomática a la Gran Colombia, encabezada por Jean Desrivieres Chanlatte, para hacerle dos propuestas a Francisco de Paula Santander. 1. Declararle la guerra a Francia, lo cual implicaría la derrota de los ejércitos libertadores; 2. En caso contrario,  que pagaran íntegramente toda la ayuda militar prestada por Petión a Bolívar, cuando paso por Los Cayos, en 1816. Lo que antes había sido considerado  como una donación de Petion al libertador se convirtió en un préstamo. El enviado de Boyer a Colombia, Jean Desrivieres Chanlatte escribe al Secretario de Relaciones Exteriores Pedro Gual, el 16 de julio de 1824 lo siguiente:

“Sin embargo, antes de salir de esta ciudad, no puedo dejar de reclamar una deuda contraída por el Gobierno de Colombia, (después del deceso de Su excelencia, el Presidente de Haití,  Alexandre Petion) para suministrar armas y municiones  bajo la autorización del Excelentísimo Simón Bolívar, Libertador Presidente. Se adjunta una copia del reconocimiento legalizado, de fecha 27 de septiembre 1820 en Los  Cayos,  que ha proporcionado agente general Sr. John B Elbers del comercio de la República de Colombia, para probar la recepción de la entrega”.  "(Consúltese “correspondencia de Pedro Gual, Secretario de Relaciones Exteriores” Biblioteca de Bogota; tesis de Daniel Gutiérrez “La Colombie et Haití, un rendez vous manqué 1819-1830, Bulletin No. 32,2010, Université de París).

La Misión Chanlatte obligó a la Gran Colombia a endeudarse con la banca londinense para poder satisfacer las apremiantes exigencias de los haitianos. La generosidad de Petion fue cobrada con creces. Sin embargo, en los foros internacionales, los haitianos continúan empleando la desinformación historiográfica para hacerse acreedores de una deuda histórica, pagada en sonantes luises.

Llegados a este punto, podemos rematar con algunas conclusiones. La revolución haitiana no puede inspirar la integración y la libertad de América, tal como había  reclamado  el embajador de marras:

1.Porque sus Constituciones se basan en la desigualdad de la raza. No tuvo consecuencias jurídicas en el continente ni en el mundo.

2.Porque el régimen político creado por sus libertadores: la monarquía absoluta y los gobiernos vitalicios, no supusieron la existencia de un régimen de derecho, republicado, electivo, representativo, tal como fue el caso de todas las repúblicas americanas, incluyendo la Republica Dominicana.

3. Porque sus reyezuelos y dictadores  y sus sistemas jurídicos privaron al pueblo de la capacidad de  autodeterminación una vez que alcanzaron la Independencia. En varios casos, fue, sencillamente, un cambio de amo. El régimen haitiano, desde punto de vista político  ,fue un retroceso; se inspiró del Ancien Regime; no tuvo consecuencias en el resto del mundo y desde el punto de vista jurídico, su legado fue una barrera judicial contra la cual se han sublevado las democracias y las Constituciones, inspiradas en los derechos del hombre y del ciudadano.

¿Cuál  es la interpretación que hacen los haitianos  de estos hechos históricos?

 Según esto, los países del continente y las potencias del mundo  no le perdonaron a los haitianos que hubiesen creado una república independiente con los antiguos esclavos.

Los que plantean este disparate de cortísimo alcance ignoran que Haití decidió cerrarle el país a los extranjeros, que destruyó, aplicadamente, toda la riqueza recibida de la colonia más rica del continente.

Se trata de una  opinión acusatoria, sustentada por la nación que ha recibido la mayor porción de ayuda extranjera del mundo,  en todo el continente.

Según esto, la culpa de su gran retraso histórico no es imputable a sus malos gobiernos ni a la deforestación de su territorio ni a su organización social que excluyó los progresos venidos de fuera, sino al mundo exterior sobre el que han vertido la culpa de todas sus desgracias.

Una sociedad que practica la ceguera ante lo que, realmente, sucedió en el pasado, que  omite la verdad con el propósito de presentarse como víctima ante el mundo y  culpar a los demás de todo lo malo que le ha ocurrido, no puede desarrollar sus capacidades ni logrará superar el estadio infantil del asistido social ni tener confianza, responsabilidad  para  salir del atolladero.

Con una visión deformada del pasado, no puede comprenderse el presente.  Alejados de la realidad, acostumbrados a victimizarse,  emplean la historia para acusar, chantajear y agredir.

En la guerra – decía Carl  Von  Clausewitz—no se trata sólo de someter al enemigo por los dispositivos diplomáticos, sino que, además, se emplean otros medios como  el descrédito, el chantaje, la maquinación internacional y la manipulación de la opinión pública.  A estos malos, y poco meditados enfoques se suman, personajes de talla mundial como la actriz estadounidense,  Angelina Jolie o el obispo de Sudáfríca,  Desmund Tutu, con el propósito de convertir la propaganda del  sufrimiento haitiano en un arma contra nuestra propia existencia.