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| Luis Almagro |
WASHINGTON.- La Organización de Estados Americanos (OEA) enviará entre los días 10 y 14 de julio una misión a República Dominicana y a Haití ante la crisis migratoria entre estas dos naciones vecinas, informaron hoy a Efe fuentes del organismo.
La delegación de la OEA estará encabezada por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Guerrero, al que acompañará Gabriel Bidegain, asesor del secretario general, Luis Almagro.
La misión, anunciada por Almagro en un Consejo Permanente especial la semana pasada, comienza este viernes en Santo Domingo y termina el martes en Puerto Príncipe.
“El objetivo es valorar sobre el terreno la situación migratoria de la población haitiana para facilitar una solución duradera que regularice el estatus de los inmigrantes, porque no podemos olvidar que los inmigrantes, más allá de su situación legal, tienen los mismos derechos que todas las personas”, dijo Almagro en el segundo Consejo Permanente especial de la OEA sobre la crisis entre Haití y República Dominicana.
La semana pasada, el ministro de Exteriores de la República Dominicana, Andrés Navarro, defendió ante la OEA que “el número de casos de apátridas” derivados de la política migratoria de su país “es cero”.
Hoy, su homólogo haitiano, Lener Renauld, pidió ante el Consejo Permanente de la OEA la intervención internacional en esta crisis para evitar una “catástrofe humanitaria” que podría constituir una “amenaza para la seguridad nacional” y desestabilizar el país en año electoral.
“Solicitamos la intervención solidaria de todos los amigos de la comunidad internacional, el Caricom (la Comunidad del Caribe, a la que pertenece Haití pero no su vecino), la ONU y la OEA para hacer que la República Dominicana entre en razón y de un trato más humano a los inmigrantes haitianos”, afirmó el canciller.
Renauld subrayó la disposición de su Gobierno al diálogo con República Dominicana para encontrar una solución a esta crisis y evitar “las deportaciones masivas que dividirían familias nucleares”.
El pasado 17 de junio terminó en República Dominicana el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, una cifra que se suma a las otras 8.755 personas que se adhirieron a una ley de naturalización, concluida meses antes.
El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros surgió como parte de las medidas tomadas por el Gobierno para hacer cumplir la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que establece los parámetros para obtener la nacionalidad dominicana.
Esa disposición estipula que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados a pesar de haber nacido en el país, ni tampoco los descendientes de extranjeros “en tránsito” en la nación.
Esta decisión afectó principalmente a miles de haitianos indocumentados residentes desde hace años en territorio dominicano.
Haití y entidades no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han acusado a República Dominicana de convertir en apátridas a miles de haitianos con el nuevo plan migratorio.
El Gobierno dominicano ha rechazado esas acusaciones y ha señalado que Haití no otorgó los documentos de identidad a miles de sus ciudadanos cuando tuvo toda la oportunidad de hacerlo.
Según la información oficial, un total de 36.593 indocumentados han abandonado voluntariamente República Dominicana desde el pasado 18 de junio, un día después de que venciera el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
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