OPINIÓNES:

periodista.

Reside en Santo Domingo.

Balaguer, Leonel, Hipólito y Danilo

Los triunfos electorales de Joaquín Balaguer, desde 1966 hasta 1978, cuando pese al uso de los recursos del Estado, los fraudes, la represión, y la negativa de Juan Bosch y el PLD, el PRD ganó las elecciones, siempre estuvieron “entre comillas”.

Balaguer no ganó nunca unas elecciones limpiamente, incluyendo las de 1986 con Jorge Blanco de presidente de la República y Jacobo Majluta de adversario del doctor Balaguer. Todavía no se han contado los votos que de seguro habrían dado ganador  al “turquito de la Mella”, como lo llamó en una ocasión un dirigente Comunista.

Leonel Fernández, presidente nominal del PLD, en su libro “Raíces de un poder usurpado, radiografía del proceso electoral dominicano de 1990”, explica los fraudes y maniobras de Balaguer para perpetuarse en el Palacio, acusándolo de “encarnar un movimiento contrarrevolucionario en el poder cuyo objetivo esencial era la eliminación de todo el que había tenido alguna participación destacada en la insurrección de abril de 1965”.

Las elecciones de 1970, que el PRD se abstuvo por no existir condiciones mínimas, fueron una escaramuza. Leonel dice que las del 1974 fueron “una farsa”. Las del 78, donde se impuso la voluntad popular a sangre y fuego, también estuvieron marizadas por la represión y el uso abusivo del dinero del presupuesto nacional.

En el 82, con Jorge Blanco de candidato –tras la muerte del presidente Antonio Guzmán que se suicidó 43 días antes de terminar su mandato- el PRD gana de nuevo los comicios, pero “pierde” extrañamente en el 86 cuando retorna Joaquín Balaguer, que cuatro años más tarde le hace un frade escandaloso al profesor Juan Bosch y al PLD.

Para Leonel las elecciones del 90 “constituyeron un nuevo eslabón en la cadena de fraudes, vicios e irregularidades que caracterizan el ejercicio del sufragio en nuestro país”.

En 1994 Balaguer enfrenta al doctor Peña Gómez. El fraude no pudo ser mayor. Se generó una crisis que terminó regalándole, no quitándole, dos años de gobierno, hasta el 96,  cuando nuevamente se realizarían loa  comicios. Tanto Balaguer como el PLD le tendieron una trampa a Peña Gómez que ingenuamente cayó en ella.

En efecto, Jacinto Peynado, candidato del Partido Reformista, no recibió el apoyo de Balaguer. En la segunda vuelta se  oficializó el pacto rastrero y racial entre Balaguer y un Bosch que ya no estaba en sus cabales,  que le permitió al PLD, con Leonel, que antes le había llamado “asesino” y “tramposo”, como candidato presidencial.

A la llegada del PLD se producen  los mismos “eslabones en la cadena de fraudes, vicios e irregularidades que han caracterizado el ejercicio del sufragio en nuestro país” a pesar de haber perdido las elecciones en el 2000 del PRD que llevó a Hipólito Mejía que debido a múltiples factores que no son objetos de este artículo, perdió en el 2004, en un intento de reelección funesto que él mismo ha calificado como “una metida de pata”.

Los triunfos del PLD, desde el 2004 hasta la fecha, han sido fraudulentos, con el uso de los recursos públicos. (“El Estado me venció”, dijo Danilo en la lucha interna de su partido). Para imponer a Danilo y así evitar la cárcel, se creó un déficit de 200 mil millones de pesos. El propio Leonel lo dijo en Nueva York en una reunión.

Los comicios  de mayo de este año  también constituyeron un “eslabón en la cadena de fraudes, vicios e irregularidades que han caracterizado el ejercicio del sufragio en nuestro país”.

Quiere decir que, desde 1966 hasta 2016, el país no ha avanzado en materia electoral. Y lo que es peor, el PLD pretende continuar en el poder con los mismos “fraudes, vicios e irregularidades que caracterizan el ejercicio del sufragio en nuestro país”, gracias a un pueblo, ignorante, pobre y pendejo.

LA AUTORA es abogada, vicepresidenta de la 

República Dominicana y candidata vicepresidencial 

del PLD. Reside en Santo Domingo.

El largo camino hacia la paz

Toda la comunidad internacional sintió gran regocijo al ver renacer la esperanza de la Paz, al recibirse la noticia del acuerdo al que arribaron el Gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este acuerdo prometía poner fin a un conflicto que por 52 años había causado un dolor de patria inconmensurable, una  tristeza difícil de borrar y mucho desconcierto para todos, no solamente para los colombianos y las colombianas.

Juan Manuel Santos, presidente de esa nación, y su equipo de trabajo, han dedicado ingentes esfuerzos a la consecución de un acuerdo de paz, que es a la vez tanto un asunto de justicia social, como de bienestar económico, para un país que lleva un proceso de desarrollo integral admirado por todo el mundo.

La historia del conflicto y sus consecuencias fatales en la población colombiana, así como la confusión del narcotráfico como apoyo ideológico, demuestran que la guerra se hace insostenible, en términos físicos, emocionales y económicos.

De acuerdo con estudios realizados, poner un fin a esta guerra permitiría que el PIB de Colombia se duplique cada 8,5 años, en lugar de cada 18,5 años como sucede en la actualidad, lo que redundaría en un mayor avance para la región de América Latina y el Caribe.

Es por ello que el Presidente Santos, actuando como estadista, no sólo como Presidente, ha hecho una gran inversión de su capital político, en una apuesta que considera justa y conveniente para un futuro de estabilidad y  cohesión social de su país. Respetando la admirable institucionalidad colombiana, el  domingo pasado, el acuerdo de marras, se  sometió a un plebiscito , y por muy escaso margen, el pueblo colombiano,  ha exigido renegociar sus términos, pero sin poner fin a la vía del diálogo, como algunos han querido interpretar.

En buen derecho constitucional, lo que se ha sometido a la consulta popular son los términos de un acuerdo, y no la posibilidad del acuerdo en sí.

Afortunadamente, el fallo de la Corte Constitucional que abrió las puertas del plebiscito para aprobar o desaprobar el acuerdo negociado con las FARC, también definió un camino viable en caso de que el NO se impusiera, como ha sucedido el pasado domingo. La sentencia deja abierta la posibilidad de una renegociación del acuerdo, otorgando incluso poderes al Presidente para mantener los acuerdos mínimos que viabilizan una nueva negociación, como el cese al fuego.

Lo que demuestra la consulta popular que llevó a las urnas a los colombianos, es que el acuerdo político ha polarizado al país, entre los que apoyan el acuerdo y los que lo reniegan. En circunstancias como esa, toman sentido las palabras de Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), en el sentido de que “ese acuerdo nunca habría sido sostenible si no hubiera tenido el respaldo político necesario ”.

Cualquier análisis político de la situación debe tener en cuenta que Colombia se apresta a la celebración del certamen electoral, el próximo 2018, lo que obliga a que el acuerdo sea blindado por todas partes, de manera que las próximas autoridades no puedan desconocerlo, parcial o totalmente.

Por lo tanto, es preciso unirse al llamado de los principales medios de Colombia, que exigen a sus actores políticos “que identifiquen puntos de encuentro con el fin de que el anhelo de la paz, no se convierta en una inmensa frustración, con su consecuente saldo de muertes, violencia y desplazamiento.”

Debe mantenerse viva la ilusión de la paz, porque aunque con ella no se come, lo cierto es que alimenta, como ha escrito Gabriel García Márquez en su extraordinaria obra “El coronel no tiene quien le escriba”.

Hay un punto de encuentro bien claro entre quienes votaron al No y quienes votaron al Sí: ambos quieren el fin del conflicto, ambos quieren la paz. Los términos se pueden cambiar y someterse nueva vez a la voluntad popular, como parte de un ejercicio pleno del derecho democrático a elegir.

El fin del conflicto en Colombia es un asunto latinoamericano, que interesa a todos los países de la región, puesto que sus causas y consecuencias tocan las fibras más sensibles de quienes creemos en la paz como camino hacia el progreso individual y colectivo. Formulamos votos por el éxito de un nuevo esfuerzo por el fin definitivo  del conflicto en Colombia.

abogado y político.

Reside en Santo Domingo.

 El fraude a la Constitución

El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, expresó que le causa extrañeza que la sociedad civil y los partidos de la oposición “ahora están pidiendo que el Presidente violente la Constitución, que el Poder Ejecutivo se involucre en las decisiones del Poder Legislativo”. (DL. 26.09.16)

A criterio de este alto funcionario, la participación de Danilo Medina en un pacto político para integrar una Junta Central Electoral por consenso, que es lo que está planteando el bloque de partidos de oposición, violaría la Constitución de la República.

Como conocemos de la capacidad de manipulación del partido gobernante, tenemos que desentrañar la verdad de este nuevo ejercicio de tergiversación de la realidad.

Comencemos por señalar que en el Estado hay dos formas de elección de las autoridades. De manera directa por el voto popular (presidente, senadores, diputados, alcaldes, regidores) y las que se eligen de forma indirecta, en el Consejo Nacional de la Magistratura y el Senado.

Estos dos sistemas de elección no se dan por azar. Si observamos, la elección directa obliga que los candidatos sean militantes políticos activos o, en todo caso, ser propuestos al electorado en la boleta de un partido político. Por tanto, no es casual que los órganos integrados por éstos —Poder Ejecutivo, Congreso Nacional, Ayuntamiento Municipal— son los que en el Estado tienen un definido carácter político.

Por su parte, las autoridades de elección indirecta, sin ignorar que son parte integrante del poder político del Estado, cumplen una función arbitral en la solución de los conflictos propios de una sociedad democrática. Así tenemos, dicho de modo muy general, que el Tribunal Constitucional se ocupa de resolver los conflictos sobre la constitucionalidad; la SCJ decide sobre la interpretación de las normas; la JCE es la responsable de organizar procesos electorales competitivos entre una pluralidad de partidos; el TSE decide los conflictos derivados de los procesos electorales y en los partidos políticos; la Cámara de Cuentas ejerce el control fiscal externo de los recursos públicos.

Es pues, la naturaleza misma de las funciones propias de estos órganos la que impone que sus integrantes no provengan de una elección directa en la boleta de un partido político. De hacerse así, se estaría llevando a un militante político activo a una función arbitral, con el riesgo de que, en el desempeño de la función, en él prevalezcan las lealtades y los intereses del partido que lo postuló en su boleta.

La elección indirecta busca resolver esta tensión en cuanto exonera a quien pretende asumir una función arbitral de no tener que postularse desde una plataforma partidaria. Esta circunstancia permite que la elección del árbitro pueda hacerse entonces valorando, en los ciudadanos y ciudadanas que se postulen, su integridad, carácter, capacidad, independencia e imparcialidad, condiciones necesarias en la función arbitral.

Entonces, la cuestión de la integración de los órganos arbitrales no está en si los partidos pueden o no trazarle pautas a sus miembros que integran los órganos de elección indirecta, en este caso, el Senado y el Consejo de la Magistratura, sino que al hacerlo, el partido o el líder político, tiene como límite, en cualquier directriz o pacto, el respeto de la Constitución y las leyes.

En este contexto, lo que si resultaría contrario a la Constitución es que el Presidente de la República, valiéndose de una mayoría partidaria, instruyera a sus senadores para que éstos elijan, en este caso a los miembros de la JCE, haciendo prevalecer para la elección, la disposición del candidato a actuar con lealtad y sumisión a los intereses del partido oficial. Se trataría de un fraude a la Constitución y, aunque se cumpla con las formalidades, en realidad se estaría violentado el propósito constitucional que motiva que sea por vía indirecta la elección de las autoridades encargadas de integrar los órganos responsables de arbitrar los conflictos en la sociedad.

Es decir, ministro Peralta, no es violatorio de la Constitución que el Presidente, en su condición de líder de su partido, intervenga con sus legisladores para avanzar un pacto político que permita consensuar entre los actores políticos, en este caso, la integración de una JCE imparcial, como es lo propio de todo árbitro. Ahora bien, lo que si sería contrario a nuestra Carta Magna es que Danilo Medina instruya o pacte para que por vía de su mayoría en el senado se imponga una JCE parcial y al servicio de los intereses de su partido.

Confieso que sorprende cómo personajes como el ministro Peralta, sin ningún rubor, dicen cualquier cosa por la conveniencia política del momento. Piensan que no tenemos memoria y que ya olvidamos cómo se fraguó y ejecutó, apenas en el 2015, un crimen contra la Constitución, comprando legisladores, para introducir la reelección presidencial.

Es por eso que la ciudadanía ha visto, tantas veces, a estos súper funcionarios, que como dice el cantor, cuando ya no están parapetados en un cargo público, “como los fantasmas, no son nada si les quitas la sábana.”