El tribunal, compuesto por los jueces Nancy Joaquín, Yuli Tamariz y Daniel Nolazco Olivo, tomó la decisión tras declarar inadmisible el recurso interpuesto por el imputado a través de su abogado Ruben Puntiel, en contra de la decisión dictada por el entonces juez del juzgado de Atención Permanente de esa jurisdicción, José Alejandro Vargas, quien pasó al Tribunal Constitucional (TC).
El tribunal de alzada acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar inadmisible la apelación del imputado, ya que la audiencia no procedía debido a que, tal y como lo señaló el Ministerio Público, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida a Santana Carmona y otros implicados en el caso el pasado 06 de septiembre.
Al imputado Santana Carmona se le atribuye la participación como testaferro del coimputado Juan Alexis Medina Sánchez, en el entramado societario que sirvió de estructura operativa para las acciones fraudulentas en contra del Estado puestas en evidencia a través de la Operación Anti Pulpo.
En torno al caso demás fueron enviados a prisión Juan Alexis Medina Sánchez, hermano de Danilo Medina, el ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Privadas (Fonper), Fernando Rosa, Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Igualmente, Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) y Julián Esteban Suriel Suazo, empero, se varió su prisión preventiva, por arresto domiciliario.
Asimismo, figuran como imputados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República. Estos tres imputados se encuentran bajo arresto domiciliario.
Con esta investigación, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público revelaron a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencias para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.
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