La presidenta de la entidad Yanira Fondeur expresó que, una actividad sexual sin consentimiento es una violación grave y los autores merecen ser sancionados con penas severas que envíen un mensaje de disuasión.
Observó que son frecuentes estos casos porque las parejas siguen viviendo en una misma residencia a pesar de divorciarse o separarse de hecho.
“A 24 años de haberse aprobado la ley 24-97 que tipifica la violencia de género, es totalmente inaceptable la intención de algunos legisladores de reducir la pena a un acto de violación por parte de una pareja agresora, que deja secuelas de por vida y vulnera los derechos que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia”, puntualizó Fondeur.
La entidad considera que el Artículo 134 del nuevo Código Penal debe mantener la prisión de 10 a 20 años como la pena a imponerse por violación sexual dentro del matrimonio o convivencia.
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