La medida ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a ejecutar un plan de acción con el apoyo de otras agencias.
Incluye además la asignación de cinco millones de dólares del Plan de Rescate Americano (ARPA), y de otros 100 millones provenientes del Programa de Mitigación en la Infraestructura de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario-Mitigación (CDBG-MIT) del Departamento de la Vivienda.
“Esta orden reitera la política pública de mayor protección, conservación y uso sostenible de la zona costanera y todos sus recursos naturales, logrando un balance adecuado entre el desarrollo público y privado y el manejo y protección de los recursos costeros”, dijo Pierluisi.
Al mismo tiempo, se establece como prioridad la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a comunidades costeras para controlar la contaminación e implantar medidas urgentes que atiendan las vulnerabilidades de la costa y promuevan la resiliencia y sostenibilidad.
Explicó que, al margen de los 105 millones de fondos ARPA y CDBG-MIT separados, el DRNA hará las gestiones necesarias para recabar dineros estatales y federales adicionales para la implementación de las iniciativas contenidas en la Orden Ejecutiva 2023-009, dirigida a implementar medidas concretas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia ante el aumento en el nivel del mar y la erosión costera.
La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, manifestó que la Declaración de Emergencia “evidencia una vez más el compromiso y proactividad de esta administración para mitigar las consecuencias del calentamiento global y su preocupación por los recursos naturales”.
Subrayó que la Orden Ejecutiva no sólo provee una guía de medidas posibles de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia para implantar, sino que destina, como nunca antes, los fondos necesarios y establece la política pública específica sobre el problema.
Rodríguez expuso que también ordena el manejo interagencial para hacerle frente al cambio climático, así como otra serie de medidas entre las que se destacan la remoción de instalaciones en ruinas o abandonadas en la zona costera y un comité que le dará dirección a esas acciones.
Puerto Rico cuenta con cerca de mil 121 kilómetros de línea costera, lo cual incluye playas, acantilados y rocas, vegetación, costa aluvial y antropogénica; de esa franja cerca del 37 por ciento son playas y recorre 44 municipios.
Además, un estudio conducido por el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico de la estatal Universidad de Puerto Rico, aproximadamente 99 kilómetros de línea de costa migraron tierra adentro en los pasados años.
Mediante la OE-2023-009, se establece que el DRNA, en colaboración con los municipios, la Junta de Planificación y otras entidades públicas y privadas, así como la academia, realizará un inventario de las propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costanera conforme a los recursos fiscales asignados y hasta donde sean suficientes.
Además, mediante un Acuerdo de Entendimiento deberá, junto a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, evaluar e implementar medidas de prevención, mitigación, adaptación y resiliencia para enfrentar la erosión costera y sus efectos.
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