BOGOTA. COLOMBIA
La tensión entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa terminó de explotar luego de que el mandatario lo señalara por «engavetar» una investigación.
Barbosa, que fue asesor del expresidente Iván Duque, respondió asegurando que «fue elegido presidente, no dictador».
Petro se enfrascó en una álgida discusión a través de redes sociales con Barbosa a raíz de declaraciones del Mandatario, que insinuó que un fiscal bajo las órdenes de Barbosa era responsable de un supuesto encubrimiento de asesinatos perpetrados por el Clan del Golfo.
El presidente de la nación sudamericana cuestionó el 27 de abril el trabajo del fiscal Daniel Hernández en la persecución de los responsables de crímenes perpetrados bajo la órbita del grupo paramilitar Clan del Golfo, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.
Además, Petro reprochó la inacción la fiscalía de Hernández ante la confección de una presunta lista de 200 personas que serían asesinadas por el grupo criminal, hecho violento que finalmente se concretó.
«La investigación penal más completa de la Fiscalía General de la Nación sobre los crímenes del Clan del Golfo en el norte del país fue trasladada a Bogotá por orden del fiscal general Barbosa, asignada a Daniel Ricardo Hernández Martínez y engavetada por este», denunció un reportaje de La Nueva Prensa. Petro replicó la investigación y exigió a Barbosa el suministro de la información relacionada a la grave denuncia periodística.
La arremetida de Petro hizo reaccionar a Barbosa, que responsabilizó al presidente por la seguridad futura de Hernández.
El entredicho escaló y llevó al mandatario a asegurar que, como jefe de Estado, tiene derecho a exigir explicaciones al fiscal general. «El jefe del Estado ¿no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?», cuestionó Petro.
Barbosa respondió asegurando que Petro no es su «jefe» y acusándolo de tener pocas credenciales democráticas. «Gustavo Petro fue elegido presidente de la República, no dictador en Colombia», aseveró el funcionario durante un acto público de la Fiscalía General.
«Creo que él tiene un orden piramidal distinto, seguramente por su historia subversiva. Él cree que piramidalmente el comandante puede suprimir al inferior. Él es presidente y tiene que funcionar en el marco de las instituciones. En este país hay una constitución y unas reglas que son para cumplirlas. El presidente no es mi jefe, no va a serlo y hasta el 13 de febrero, que me voy del cargo de fiscal, la Fiscalía operará de forma autónoma e independiente», agregó Barbosa en entrevista con Semana.
La polémica pública requirió incluso que la Corte Suprema debiera interceder, recordando al presidente que debe respetar «la autonomía y la independencia judicial» de la Fiscalía General. A través de una carta, Petro respondió que aceptaría el llamado de atención del tribunal pero recordó las denuncias que pesan sobre Barbosa por su inacción en las muertes.
“Acepto el llamado de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Respeto y respetaré la autonomía e independencia de la Fiscalía General de la Nación y todas las ramas del poder público. Pero como presidente de la república no guardaré silencio frente a estas gravísimas denuncias», retrucó el mandatario.
¿Quién es el fiscal Barbosa?
Barbosa es un abogado y académico colombiano que desde el 30 de enero de 2020 se desempeña como fiscal general de la Nación, cargo para el que fue designado por la Corte Suprema. Antes se había desempeñado como Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022), antecesor de Petro en la Casa de Nariño.
Mientras fue consejero del Gobierno de Duque, Barbosa se involucró como jefe de misiones ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Penal Internacional.
Entre sus controversias en el ejercicio de la jefatura de la Fiscalía se encuentran denuncias por prevaricato, al haber decretado traslados no justificados de distintos fiscales. También se lo acusa de desviar recursos públicos para intereses personales, como utilizar a trabajadores de limpieza de la Fiscalía en su residencia particular.
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