Roberto Alvarez, canciller dominicano
Prensa Latina
Santo Domingo, RD.
El ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, negó hoy que su país haya «regalado» mar en el acuerdo de delimitación marítima con Países Bajos, y explicó cómo una comisión gubernamental estableció los límites.
Álvarez aseguró en una rueda de prensa que en una negociación de política exterior liderada por la Comisión Nacional de Delimitación de Fronteras Marítimas, el Gobierno dominicano ganó 11 millas náuticas cuadradas (37.7 kilómetros cuadrados).
«En las negociaciones ganamos exactamente 11 millas náuticas cuadradas, unos 37 kilómetros cuadrados si fueran en tierra», por lo que esas personas que dicen lo contrario no hicieron ninguna diligencia para enterarse de lo que en realidad ha hecho el país», acotó.
ESTABLECIERON MARCO REGULATORIO
El canciller explicó que la firma del acuerdo, que tuvo lugar el 5 de julio de 2021, establece un marco regulatorio para la demarcación marítima y derechos de explotación.
Precisó que el mismo se logró con la aplicación del principio de equidistancia y siguiendo la experiencia previa de negociaciones con Colombia y Venezuela, lo que fortaleció la posición nacional en el proceso.
Expresó que el acuerdo garantiza que República Dominicana preserve su condición de Estado archipelágico, tenga mayor claridad acerca de su suelo y subsuelo marino, así como sobre su zona económica exclusiva y derechos de pesca.
«Este avance permite, además, la exploración y explotación de estructuras geológicas y yacimientos minerales, asegurando que el país mantenga control sobre sus recursos naturales», consideró.
SENTENCIA ACORDE CON LA CONSTITUCIÓN
Recordó que este convenio fue respaldado por el Tribunal Constitucional, que lo declaró por sentencia acorde con la Constitución de la República, y dictaminó que el principio de equidistancia, aplicado para definir los límites territoriales, «es la solución más equitativa para la delimitación territorial marítima entre ambos Estados».
Explicó que el proceso comenzó en 2019, por lo que el Gobierno del presidente Luis Abinader completó las negociaciones con Países Bajos y sometió el acuerdo suscrito al control preventivo de dicho Tribunal.
El 24 de octubre pasado el partido Fuerza del Pueblo (FP) rechazó la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró conforme a la Constitución dicho convenio.
En el documento, firmado por el canciller Roberto Álvarez, el ejecutivo cedió una parte de sus aguas territoriales frente a su costa sur, en el mar Caribe, a favor de las islas Aruba, Curazao y Bonaire, propiedad de los Países Bajos, según la denuncia de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la FP.
La Cancillería dominicana precisó este jueves en un comunicado que las reuniones de negociación contaron con el respaldo técnico y las opiniones favorables del Ministerio de Defensa, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Armada de República Dominicana y la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimo, entre otras instituciones.
Álvarez aseguró en una rueda de prensa que en una negociación de política exterior liderada por la Comisión Nacional de Delimitación de Fronteras Marítimas, el Gobierno dominicano ganó 11 millas náuticas cuadradas (37.7 kilómetros cuadrados).
«En las negociaciones ganamos exactamente 11 millas náuticas cuadradas, unos 37 kilómetros cuadrados si fueran en tierra», por lo que esas personas que dicen lo contrario no hicieron ninguna diligencia para enterarse de lo que en realidad ha hecho el país», acotó.
ESTABLECIERON MARCO REGULATORIO
El canciller explicó que la firma del acuerdo, que tuvo lugar el 5 de julio de 2021, establece un marco regulatorio para la demarcación marítima y derechos de explotación.
Precisó que el mismo se logró con la aplicación del principio de equidistancia y siguiendo la experiencia previa de negociaciones con Colombia y Venezuela, lo que fortaleció la posición nacional en el proceso.
Expresó que el acuerdo garantiza que República Dominicana preserve su condición de Estado archipelágico, tenga mayor claridad acerca de su suelo y subsuelo marino, así como sobre su zona económica exclusiva y derechos de pesca.
«Este avance permite, además, la exploración y explotación de estructuras geológicas y yacimientos minerales, asegurando que el país mantenga control sobre sus recursos naturales», consideró.
SENTENCIA ACORDE CON LA CONSTITUCIÓN
Recordó que este convenio fue respaldado por el Tribunal Constitucional, que lo declaró por sentencia acorde con la Constitución de la República, y dictaminó que el principio de equidistancia, aplicado para definir los límites territoriales, «es la solución más equitativa para la delimitación territorial marítima entre ambos Estados».
Explicó que el proceso comenzó en 2019, por lo que el Gobierno del presidente Luis Abinader completó las negociaciones con Países Bajos y sometió el acuerdo suscrito al control preventivo de dicho Tribunal.
El 24 de octubre pasado el partido Fuerza del Pueblo (FP) rechazó la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró conforme a la Constitución dicho convenio.
En el documento, firmado por el canciller Roberto Álvarez, el ejecutivo cedió una parte de sus aguas territoriales frente a su costa sur, en el mar Caribe, a favor de las islas Aruba, Curazao y Bonaire, propiedad de los Países Bajos, según la denuncia de la Secretaría de Asuntos Internacionales de la FP.
La Cancillería dominicana precisó este jueves en un comunicado que las reuniones de negociación contaron con el respaldo técnico y las opiniones favorables del Ministerio de Defensa, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Armada de República Dominicana y la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimo, entre otras instituciones.
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