El Gobierno de Miguel Díaz-Canel aprueba el mayor paquete de reformas económicas en seis décadas para intentar reactivar una economía en caída libre
LA HABANA.– El Gobierno de Miguel Díaz-Canel dio un paso histórico al aprobar el mayor giro económico registrado en Cuba en más de 60 años, con una apertura parcial al capital privado y una serie de medidas destinadas a enfrentar la grave crisis que atraviesa la isla, en un escenario marcado además por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos.
El paquete de 175 medidas recibió el respaldo del Comité Central del Partido Comunista el pasado miércoles y fue convertido en ley este jueves por la Asamblea Nacional.
Apertura económica sin abandonar el socialismo
El primer ministro Manuel Marrero presentó el denominado «Programa Económico y Social para 2026», basado en seis ejes estratégicos que incluyen turismo, agricultura, comercio exterior y desarrollo inmobiliario.
Aunque reconoció una mayor participación del mercado en la asignación de recursos, insistió en que las reformas no representan un abandono del modelo socialista.
“No nos desviamos del proyecto socialista; estas medidas son necesarias para preservarlo”, afirmó.
Principales cambios
Entre las disposiciones más relevantes figuran:Autorización para el desarrollo inmobiliario privado.
Posibilidad de transformar empresas estatales en sociedades comerciales con acciones.
Apertura del sistema financiero a bancos privados.
Facultades para que municipios importen y exporten sin intermediación estatal.
Permiso para que empresas públicas retengan divisas.
Reducción del aparato burocrático, con el recorte de ministerios de 27 a 21.
Incorporación de cubanos residentes en el exterior como socios de inversionistas extranjeros.
Eliminación gradual de los subsidios de la libreta de abastecimiento, con la transición hacia precios regidos por el mercado.
Una apertura inédita en el debate económico
Díaz-Canel anunció las medidas el pasado 12 de junio y obtuvo posteriormente el respaldo del líder histórico Raúl Castro.
En una decisión poco habitual, convocó a economistas no oficialistas y voces críticas, entre ellos Omar Everleny, Juan Triana y Julio Carranza, para integrar un grupo asesor encargado de analizar las transformaciones económicas.
Una economía en crisis
Las reformas llegan en un contexto especialmente delicado. Cuba acumula seis años de deterioro económico, con desplome de la producción agrícola e industrial, apagones recurrentes, escasez de productos básicos y una fuerte depreciación de su moneda.
Según proyecciones de The Economist Intelligence Unit, la economía cubana podría contraerse un 7.2 % en 2026, mientras que la caída acumulada desde 2019 alcanza ya el 23 %.
Presión de Washington
El Gobierno cubano también enfrenta una creciente presión por parte de Estados Unidos. La administración del presidente Donald Trump ha impuesto este año unas 240 sanciones, declaró a Cuba como una “amenaza extraordinaria” y endureció las restricciones energéticas y comerciales.
Además, en mayo fueron aplicadas sanciones secundarias contra empresas vinculadas al conglomerado militar GAESA, lo que provocó la salida de compañías hoteleras, navieras y entidades financieras internacionales.
Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que Washington no permitirá que La Habana gane tiempo y, aunque favorece una salida diplomática, afirmó que no descarta otras opciones.
Informaciones difundidas por diversos medios indican que representantes de ambos países habrían sostenido contactos entre febrero y junio para explorar una eventual transición política acompañada de una estabilización económica.
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