Por la redacción
El cáncer ya es una condena lo suficientemente pesada, pero en los pasillos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), la enfermedad de los más vulnerables parecía tener un segundo propósito: alimentar una voraz maquinaria de facturación. Lo que el Ministerio Público ha bautizado como la "Operación Onco14" destapa una trama donde los diagnósticos médicos, lejos de ser dictámenes para salvar vidas, se convirtieron presuntamente en un lucrativo ejercicio de ficción.
En el corazón de este entramado, según reza el expediente acusatorio, operaba un eufemismo macabro: el Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas. No era un ateneo clínico para discutir casos complejos, sino una oficina clandestina cuya supuesta misión era adulterar las recetas originales de pacientes referidos desde otros centros. El objetivo era tan frío como calculador: exprimir los fondos del Seguro Nacional de Salud (Senasa), específicamente los del régimen subsidiado, inflando las facturas con estudios y procedimientos fantasma.
El gran arquitecto de este laberinto de sellos de goma sería Héctor Antonio Lora Cruceta, entonces presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer. El Ministerio Público dibuja a Lora Cruceta no solo como el cerebro financiero, sino como un capataz implacable. Las alteraciones no conocían horario de oficina; la burocracia del fraude operaba incluso en la madrugada. Aquel empleado que mostrara escrúpulos se enfrentaba a la amenaza directa del despido. La excusa era puramente mercantil: "representaban ingresos económicos para la institución".
La estafa requería utilería. Las gavetas de esta unidad albergaban talonarios pre-sellados y cuños con los nombres de internistas, ginecólogos, neurólogos y ortopedas. Sin que el especialista hubiera cruzado jamás una palabra con el paciente, un sello caía sobre el papel, diagnosticando falsas dolencias y justificando exámenes innecesarios. Cientos de pacientes, sin saberlo, cargaban en sus expedientes con enfermedades de papel creadas a sus espaldas.
Como en toda red planificada, Lora Cruceta no operaba solo. El nepotismo y la negligencia profesional completaban la estructura. Junto a la encargada de Recursos Humanos, Johanna Tamarez (sobrina de la subdirectora del centro, Dilcia Vargas Sánchez), se reclutó al personal perfecto para una sala médica que no requería de medicina real. Contrataron a la doctora Karina Reyes Peguero y, en un acto que roza el absurdo clínico, a Rubini Yudelis Campos Díaz, una estudiante de medicina sin título ni aval legal para ejercer.
Hoy, la justicia pide cuentas por las firmas falsas y las madrugadas de alteración. El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Lora Cruceta, Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán, señalados como la cúpula de esta estructura.
Mientras el Patronato Cibaeño intenta lavar la imagen de la institución asegurando que los servicios médicos no se verán afectados, la sombra de la Operación Onco14 deja una pregunta incómoda en el aire: ¿Cuántos diagnósticos en esos archivos son el reflejo de un cuerpo enfermo y cuántos son, simplemente, el rastro de una codicia institucionalizada?
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