Santiago, RD.
Las autoridades investigan un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SENASA) que habría provocado un perjuicio económico superior a los RD$3,700 millones, según informaciones ofrecidas por el Ministerio Público.
El caso forma parte de la denominada “Operación Onco 14”, mediante la cual fueron arrestadas varias personas vinculadas al manejo de recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo viernes 19 de junio el conocimiento de las medidas de coerción solicitadas contra los imputados.
Entre los acusados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida y esposa de Lora Cruceta; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exvicepresidenta del patronato y exauditora interna y externa de la institución.
De acuerdo con el procurador adjunto Wilson Camacho, los investigados habrían administrado alrededor de RD$3,700 millones provenientes de SENASA, recursos que actualmente forman parte de las pesquisas desarrolladas por el órgano acusador.
Camacho explicó que dicha suma corresponde exclusivamente a los fondos relacionados con el sistema de salud estatal dentro de una presunta estructura criminal señalada por cometer delitos de estafa contra el Estado, chantaje, lavado de activos y otras infracciones penales.
“El oncológico manejó solamente del Seguro Nacional de Salud (SENASA) aproximadamente 3,700 millones de pesos, que es lo que está investigando el Ministerio Público”, expresó el funcionario al término de una audiencia.
El aplazamiento de la audiencia fue solicitado por los abogados de la defensa, quienes argumentaron que requieren más tiempo para estudiar el expediente presentado por el Ministerio Público.
Mientras tanto, los fiscales mantienen su petición de 18 meses de prisión preventiva para los imputados, alegando la complejidad del caso y la cantidad de evidencias recopiladas durante la investigación.
Las autoridades sostienen que el expediente contiene múltiples imputaciones penales relacionadas con la presunta red delictiva, cuya dimensión económica y operativa continúa siendo objeto de investigación.
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