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Red de corrupción oncológica: dictan 18 meses de prisión preventiva a implicados en fraude al Patronato del Cáncer en Santiago


SANTIAGO.— La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, y su esposa, Luisa Yasiris Guzmán. Ambos están acusados de estructurar una red delictiva dedicada a desviar millonarios fondos destinados a pacientes con cáncer para su enriquecimiento personal.
La magistrada Stephanie Santiago Reyes ordenó el traslado inmediato de la pareja al Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey (Hombres y Mujeres). Asimismo, el tribunal declaró el caso complejo y dispuso la medida de arresto domiciliario para Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y exauditora de la entidad, debido a que admitió su responsabilidad en los hechos y presenta un menor peligro de fuga.
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, destacó la solidez del expediente presentado por el Ministerio Público. "El tribunal reconoció que la solicitud es bastante robusta. Seguiremos investigando, habrá más imputados", advirtió la fiscalizadora, aclarando además que la medida menos gravosa otorgada a Vargas Sánchez responde a su colaboración con el proceso y no a un acuerdo formal de cooperación.
El 'modus operandi' del fraude médico
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los imputados aprovecharon sus posiciones de alta dirección para desfalcar al patronato y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Las maniobras fraudulentas incluían:
  • Sobornos a distribuidoras de medicamentos para alterar facturas y procesos de compra.
  • Cobros fraudulentos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por tratamientos, servicios y fármacos de alto costo que nunca fueron suministrados a los pacientes oncológicos.
  • Autoasignación ilícita de salarios, viáticos y beneficios económicos que no corresponden a directivos de fundaciones sin fines de lucro.
Para canalizar, blanquear y ocultar el dinero sustraído, la red utilizó el entramado financiero de las firmas comerciales Vargal Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, esta última presidida formalmente por Luisa Yasiris Guzmán.

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