La reciente reforma a la Ley núm. 74-25, sancionada de urgencia por el Senado de la República, introduce precisiones técnicas y procesales definitivas en la persecución de la corrupción administrativa y la delincuencia corporativa, con efectividad programada para el 3 de agosto de 2026.
A continuación, se desglosan las modificaciones exclusivas aplicadas al ámbito financiero y a la gestión de fondos públicos:
1. Malversación de Fondos Públicos (Artículo 303)
- Tipificación técnica:
- Se readecuó la estructura del tipo penal para blindar la persecución contra funcionarios y administradores que desvíen, utilicen o asignen fondos estatales a fines distintos de los contemplados por la ley.
- Graduación de penas:
- El texto aprobado unifica criterios de gravedad económica. Se penalizará con prisión mayor y multas proporcionales al monto defraudado, garantizando que el desfalco al erario no sea susceptible de sanciones correccionales leves.
- Inhabilitación:
- Se ratifica la accesión de penas de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos, la cual correrá de manera simultánea y posterior al cumplimiento de la condena de privación de libertad.
2. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Artículos 8 y 11)
- Alcance corporativo:
- Las modificaciones clarifican las reglas de imputación para empresas, bancos, consorcios y ONGs en esquemas de lavado de activos, fraude fiscal y cohecho.
- Extensión de la responsabilidad:
- El artículo 11 fue reformado para delimitar con exactitud cuándo la responsabilidad penal de la entidad moral subsiste a pesar de fusiones, transformaciones societarias o liquidaciones intencionales diseñadas para evadir la acción de la justicia.
- Sanciones aplicables:
- Se validan castigos que van desde multas multimillonarias calculadas sobre los activos de la empresa hasta la disolución definitiva de la persona jurídica o la clausura de sus locales comerciales.
3. Difamación Extorsiva y Bancarrota (Artículos 209 y 248)
- Bancarrota Simple (Art. 248):
- Se actualizaron las conductas comerciales fraudulentas para sancionar penalmente a comerciantes y ejecutivos que simulen insolvencia financiera en perjuicio de sus acreedores o del sistema impositivo nacional.
- Difamación Extorsiva (Art. 209):
- Se tipifica de forma específica la difusión de información financiera falsa o alterada con el fin de chantajear a entidades corporativas o figuras públicas, impactando de forma directa la seguridad del mercado de valores y el sector bancario.
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