Santo Domingo, RD.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el 6 de septiembre el fallo sobre la solicitud de extinción del caso contra el empresario José Dencil Mera Jiménez, acusado de dirigir un millonario esquema de estafa y captación ilegal de fondos que afectó a decenas de ahorrantes.
Un fraude de alta ingeniería financiera:
El expediente acusatorio detalla que Mera Jiménez constituyó una red de empresas que operaban bajo dos modalidades: el negocio de los combustibles y el sistema financiero. A través de este entramado, captaba recursos del público ofreciendo certificados de inversión con tasas de interés sumamente agresivas, de entre un 16% y un 24% anuales, operando completamente al margen de la ley y sin la autorización de la Superintendencia de Bancos.
Los principales hallazgos del fraude incluyen:Falsificación institucional: El imputado reportaba datos falsos de manera sistemática al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
Fuga de capitales: El Ministerio Público detectó el envío de más de un millón de dólares a cuentas en bancos suizos entre los años 2013 y 2019, fondos que provenían directamente de las captaciones irregulares.
Víctimas de alto perfil: Más de 30 personas fueron estafadas. Entre los afectados destaca la familia Rabii, que perdió más de 70 millones de pesos y 614 mil dólares en certificados financieros no recuperados.
Debate legal por la extinción del caso:
El tribunal de alzada decidirá si cierra el proceso judicial debido a los tiempos procesales. Los abogados defensores, Jorge López Hilario y José Luis Almánzar, argumentan que la acción penal prescribió al superar el límite de cuatro años de la normativa penal y presentaron acuerdos de desistimiento firmados con una parte de los querellantes.
Por su parte, el abogado de las víctimas, Luis Alberto Arias, junto con el Ministerio Público, solicitó el rechazo inmediato de la extinción, alegando que los plazos siguen vigentes y que existen suficientes elementos para una condena por estafa y delitos financieros. Hasta la fecha, se han depositado siete recursos contra las decisiones que previamente favorecieron al empresario.
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