PUERTO PLATA.— El Movimiento Unidos Somos Más expresó su firme solidaridad con el activista Wilton Alexander Ramos Osoria, tras ser citado por la Fiscalía de Puerto Plata a requerimiento de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA).
La organización manifestó una profunda preocupación ante el proceso. Denunció que el documento legal omitió los motivos específicos de la comparecencia. Esta falta de claridad, según el colectivo, vulnera el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa.
Alerta por la libertad de expresión
El grupo comunitario vinculó esta acción judicial con la labor de vigilancia social que realiza Ramos Osoria. Los puntos clave de su denuncia pública incluyen:
- Liderazgo ambiental: Ramos Osoria encabeza la oposición a la explotación minera en la Cordillera Septentrional.
- Derecho constitucional: El movimiento defiende que denunciar irregularidades estatales es un derecho protegido por la Carta Magna dominicana.
- Garantías democráticas: Exigen a las autoridades frenar cualquier intento de represalia contra la fiscalización ciudadana.
Unidos Somos Más concluyó su declaración con un llamado directo a la transparencia institucional. Reafirmó que la fiscalización comunitaria es indispensable para la democracia. «Denunciar no es un delito; es un derecho ciudadano y un compromiso con la democracia», enfatizó la dirección del movimiento.
La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) no ha emitido ninguna declaración pública o comunicado oficial respecto a la citación legal de Wilton Alexander Ramos Osoria.
Los canales de difusión institucionales de la entidad, dirigidos por el director general Tomás Emilio Durán Garden, mantienen un absoluto silencio editorial sobre el caso, limitándose a publicar informes técnicos de infraestructura hídrica y comunicados de inversión económica en la provincia. El requerimiento judicial se maneja bajo estricta reserva a través de sus representantes legales y del departamento jurídico interno, sin responder públicamente a las acusaciones de censura o persecución gremial lanzadas por el Movimiento Unidos Somos Más.
El conflicto minero en la Cordillera Septentrional se encuentra en una fase de alta tensión legal y movilización social activa. La disputa enfrenta a colectivos ambientales y comunidades locales contra el avance de concesiones de exploración de oro, plata y cobre en la zona montañosa que conecta las provincias de Santiago y Puerto Plata.
1. El detonante: Permisos de exploración científica
La reactivación del conflicto se originó tras la entrega de concesiones de exploración a empresas privadas, amparadas en la Ley Minera 146-71 de la República Dominicana. El proyecto más controvertido es el de "Cobre el Hoyazo II", adjudicado a la firma Vertrixi Holding SRL. Aunque formalmente son permisos científicos de prospección sin derecho de extracción inmediata, el artículo octavo de las resoluciones estatales otorga a las corporaciones la opción prioritaria de solicitar contratos de explotación comercial en el futuro, lo que encendió las alertas comunitarias.
2. Frenos en los tribunales
La batalla legal alcanzó un punto crítico cuando la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago emitió la Sentencia Civil Núm. 0514-2026-SSEN-00026.
El tribunal ordenó la paralización inmediata e indefinida de las exploraciones de Vertrixi Holding SRL. El dictamen judicial determinó que las autorizaciones otorgadas vulneran áreas protegidas y carecen de las licencias y estudios ambientales exigidos por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente. No obstante, la empresa concesionaria apeló el fallo, manteniendo el litigio abierto.
3. Argumentos y movilización social
El rechazo social está liderado por la Iglesia Católica regional —encabezada por el sacerdote Ramón "Nino" Ramos, junto al Movimiento Unidos Somos Más y la Sociedad Ecológica del Cibao (SOECI).
Las principales preocupaciones de los ambientalistas son:
- Impacto hídrico:
- Advierten que la minería destruiría el ecosistema kárstico que alimenta los ríos Yásica, Bajabonico, Jacagua y Quinigua, fuentes vitales de agua para el norte del país.
- Destrucción agrícola:
- Más de 142.000 tareas aptas para la agricultura y la ganadería comunitaria quedarían inhabilitadas o contaminadas por metales pesados.
- Demanda de protección:
- Exigen que el Congreso Nacional declare formalmente a toda la Cordillera Septentrional como patrimonio natural y libre de minería.
A raíz de la apelación empresarial, se han llevado a cabo marchas masivas y cortes de tránsito en la carretera Duarte y en el casco urbano de Puerto Plata.
4. La postura del Poder Ejecutivo
Ante la presión de las manifestaciones, el Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, junto a la Presidencia de la República, ha reiterado públicamente que el Gobierno no tiene planes ni intenciones de autorizar explotaciones mineras de carácter extractivo en la cordillera.
El Estado defiende que los trabajos actuales son estrictamente científicos y de mapeo geológico estatal. Pese a estas declaraciones oficiales, los grupos comunitarios mantienen desconfianza y condicionan el cese de las protestas a la firma de documentos jurídicos vinculantes que revoquen definitivamente los derechos otorgados a las mineras.
0 Comentarios