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Productores de arroz en alerta por derogación del decreto que los protegía

 


SANTO DOMINGO. — La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) expresó su profunda preocupación por la derogación del Decreto 693-24, norma que establecía medidas de protección para el sector arrocero frente a las importaciones, y solicitó al Gobierno que explique qué políticas implementará en su lugar para salvaguardar la producción nacional, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
En rueda de prensa, junto al dirigente político Pelegrín Castillo, la organización cuestionó que la medida haya sido revocada sin que se conociera una recomendación formal del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN), entidad a la que el propio decreto facultaba para sugerir cambios con base en un informe técnico. Exigió que se hicieran públicos los estudios y análisis que sirvieron de fundamento para la decisión.

Un sector que sostiene miles de puestos de trabajo

CONFENAGRO recordó que el rubro arrocero agrupa a unos 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos en todo el país. Advirtió que cualquier alteración en las condiciones de ingreso del grano debe evaluar su impacto sobre fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades enteras que dependen de esta actividad, así como sobre el abastecimiento y los precios para los consumidores.
La entidad subrayó que las marcadas diferencias entre República Dominicana y Estados Unidos en escala de producción, tecnología, financiamiento y respaldo estatal hacen indispensable mantener mecanismos que garanticen una competencia equilibrada.

El sector confía en que el Gobierno defienda la producción nacional

Por su parte, el director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Heraldo Suero, manifestó la confianza del gremio en que el presidente Luis Abinader y las autoridades velarán por la preservación del sector en el marco de las negociaciones de un acuerdo recíproco con Estados Unidos.
Suero explicó que el país negocia en un escenario en el que República Dominicana y otros 59 países mantienen un arancel del 12.5 %, mientras que otras naciones se enfrentan a una tasa del 10 %, lo que añade complejidad a las conversaciones.

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