SANTO DOMINGO.- Manifestaciones y pronunciamientos se han producido en las últimas horas en Estados Unidos y Puerto Rico en contra de la decisión de la República Dominicana de repatriar a los haitianos que residen ilegalmente en su territorio y no se acogieron a un “Plan de Regularización”.
Han tenido lugar a pesar de que el Gobierno dominicano ha garantizado repetidamente que no hará deportaciones masivas y respetará los derechos humanos de los repatriados.
Precandidato pide Estados Unidos “eleve su voz”
De los pronunciamientos, el más contundente fue emitido por el precandidato demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos, Martin O’Malley, quien denunció la situación de miles de haitianos en República Dominicana e instó a que el Gobierno de su país eleve su voz al respecto.
En un artículo en el diario The Huffington Post, O’Malley alertó sobre las implicaciones que tendrían las deportaciones “masivas” y advirtió que serían una afrenta aborrecible para los derechos humanos, por uno de nuestros vecinos más cercanos”.
“En lugar de estar en silencio, Estados Unidos debe trabajar con nuestros aliados en la región y las Naciones Unidas, al tiempo que debe usar toda la fuerza de nuestra diplomática para poner fin a esta injusticia”, indicó.
“Los países que no respetan las normas internacionales serán juzgados a los ojos del mundo, y deben rendir cuentas”, reiteró O´Malley, quien es uno de los rivales de Hillary Clinton, favorita a ganar las primarias por su partido.
O’Malley, quien fuera gobernador del estado de Maryland, es reconocido por sus esfuerzos a favor de los inmigrantes y por su fuerte compromiso con las relaciones exteriores hacia América Latina.
“Este es un paso crítico que debemos tomar para sanar las relaciones en nuestro propio hemisferio, no solo con la renovación de nuestro enfoque sobre la región, sino también mediante el examen de las políticas que hemos abrazado en casa y en el extranjero, algunos de los cuales han disminuido nuestro respaldo a nuestros vecinos más cercanos”, agregó el precandidato.
Alcalde de Nueva York “preocupado”
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo estar “preocupado” por las deportaciones que ha anunciado el gobierno dominicano y pidió al presidente Danilo Medina que garantice el respeto a los derechos humanos de los eventuales repatriados, en virtud del derecho internacional”.
En un comunicado de su despacho enviado la tarde de este miércoles 17 de junio, De Blasio, quien es de origen italiano y se define como un gran amigo de los inmigrantes de todo el mundo, sostuvo que “también hago un llamado al gobierno para evitar lo inevitable y no cometer errores, evitar peligros de humillación y la remoción por la fuerza de los haitianos de sus hogares”.
Dijo que “las personas más afectadas por esta acción son los haitianos nacidos en la República Dominicana y que están siendo injustamente despojados de su nacionalidad y condición jurídica, sólo a causa de su patrimonio”.
El funcionario recordó que “la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la nacionalidad es un derecho básico de todos los individuos”.
Dijo que “como el alcalde de una ciudad orgullosa de los inmigrantes, hogar de grandes diásporas dominicanas y haitianas, mantenemos los derechos humanos internacionales, y esperamos ver una resolución compasiva y humana a esta alarmante situación”.
Manifestación en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico (Por AWILDA GOMEZ).- Un grupo de personas del proyecto Feminista en Construcción realizó ayer una manifestación de repudio al Estado Dominicano por la repatriación de los haitianos indocumentados que residen allí.
Vanessa Contreras, vocera del movimiento feminista, indicó que “los gobiernos de turno han utilizados a la población migrante más vulnerables para responsabilizarlos de los problemas del país y en tiempo de crisis el acoso a esta población se agudiza”.
“Exigimos que se reconozca la nacionalidad dominicana de las y los dominicanos de ascendencia haitiana y se respeten los derechos de los trabajadoras haitianos que serán expulsados, la gran mayoría tras una vida de trabajo en condiciones de esclavitud moderna en la República Dominicana, en las cuales no se les respeta el derecho a una pensión por años trabajados”, dijo Contreras.
Señaló que decenas de miles de personas sometieron su documentación para acogerse a un plan de regularización que tiene muchas irregularidades y falta de organización. “Miles de personas no han podido entrar a los espacios donde se están llevando a cabo los procesos de regularización y se ha generado una situación caótica con visos de brutalidad policial”, alegó.
“De la misma forma que despreciamos la xenofobia en Puerto Rico en contra de la población dominicana y repudiamos las leyes anti inmigrantes de Estados Unidos, rechazamos la ley 169-14 que demuestra, una vez más el racismo que existe entre pueblos que incluso comparten una misma isla y cuyas historias y culturas han estado siempre entrelazadas”, expresó Vanesa.
Puntualizó que en un momento donde en muchos países de América Latina se está impulsando la hermandad y la solidaridad entre pueblos, hasta el punto de crear una ciudadanía suramericana, es insólito que el gobierno de la República Dominicana se esté comportando como cualquier otro país imperialista.
La activista comunitaria Hilda Guerrero, del Movimiento Comuna Caribe, se unió a esta manifestación e indicó que es urgente repudiar y cuestionar un nacionalismo que divide y unas fronteras artificiales que degradan. “Migrar es un derecho humano, y eso lo sabemos muy bien en Puerto Rico en donde cada año se van más personas de la isla buscando una mejor calidad de vida digna no debe tener fronteras, no sobran emigrantes sobran racista”, agregó.
Creen 500 mil no se han “regulado”
Ayer concluyó un plazo para que los extranjeros se acogieran a un Plan de Regularización de Extranjeros en República Dominicana. Algunas organizaciones calculan que entre 250.000 y 270.000 indocumentados se han inscritos en el plan a pesar de que en el país viven más de 500.000 extranjeros irregulares, una cifra que algunos sectores elevan hasta el millón.
Organizaciones no gubernamentales y asociaciones en defensa de los Derechos Humanos han manifestado su preocupación por el asunto, una situación que se desató tras un fallo del Tribunal Constitucional dominicano en 2013 que desencadenó que dichos ciudadanos nacidos en suelo dominicano vivieran como apátridas.
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