La Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas identificó hasta el pasado 4 de mayo a un total de 3,919 trabajadores públicos que no han presentado su declaración jurada de bienes.
El Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos establecido en la Ley 311-14 dispone que los funcionarios están obligados a declarar su patrimonio a la llegada y salida de la posición para la que fueron elegidos.
Senadores, diputados, secretarios administrativos de ambas cámaras, alcaldes, vicealcaldes, regidores y tesoreros municipales, directores y tesoreros de los distritos municipales tienen la obligación de cumplir con ese trámite.
Entre los omisos se encuentra una ex senadora, varios diputados y ex diputados, señaló Adocco en un comunicado, donde calificó de «falta una vergüenza» este proceder, ya que «fueron ellos los responsables de aprobar la Ley» como «herramienta efectiva para enfrentar la corrupción».
El presidente de la organización, Julio César de la Rosa Tiburcio, dijo que no presentar el documento en el plazo establecido «podría interpretarse como un ocultamiento del patrimonio del servidor», algo que podría conducir «a la apertura de un proceso por enriquecimiento ilícito» contra el funcionario incumplidor.
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