El senador Iván Silva sorprendió con su renuncia de la comisión bicameral que estudia los dos anteproyectos sobre ley de extinción de dominio. Justificó en una carta los motivos de su salida y anexó un análisis en el que recomienda al Congreso que desista de la discusión de estas piezas legislativas y pondere el modelo de las Naciones Unidas.
La comisión lleva estudiados 95 artículos de 105 del proyecto que busca dotar a la Justicia dominicana de una ley que facilite la confiscación de los bienes obtenidos a través de ilícitos como el narcotráfico y la corrupción administrativa.
Para Silva estos anteproyectos, uno de los senadores Félix Bautista, Yván Lorenzo y José Castillo Saviñón y otro de Antonio Taveras Guzmán, son antijurídicos porque están enfocados en el derecho penal, civil, comercial, tributario y administrativo.
Silva entiende que para que haya extinción de dominio o expropiación de bienes, esta ley debe ser independiente de todo derecho mencionado: "esta ley es de naturaleza constitucional, independiente".
"Entendemos que una ley de extinción de dominio tiene que ser independiente de todos los procesos jurídicos en la actualidad, porque los mismos y la historia así lo afirman, han fracasado frente a las violaciones al patrimonio del Estado dominicano y a los crímenes y delitos trasnacionales que han sucedido en la actualidad", sostuvo.
"No puede ser asignada a ninguno de los rangos de leyes porque la misma se convierte en un híbrido entre los derechos", reiteró.
Señaló que los anteproyectos autoría de sus colegas en el Senado son bien intencionados pero están mal enfocados.
"No queda claro los principios de autonomía, de independencia, retroactividad, la imprescriptibilidad, presunción de buena fe y así podemos seguir viendo en dicho anteproyecto que para una ley de extinción de dominio este anteproyecto, mientras tenga carácter penal y civil directamente a través de su procedimiento, no será más que un proyecto bien intencionado pero no cumple con lo establecido con los tratados internacionales de permanecer con la aplicación penal, civil, tributaria, ya que el conjunto de legislaciones penales y civiles que recogen todos los tratados internaciones no han sido capaces de dar al traste con soluciones de distintas formas de delinquir nacional e internacionalmente, por lo tanto es necesario seguir abundando sobre estos anteproyectos y poder reorganizarlos en la dirección correcta".
La recomendación de Silva para el Congreso Nacional es que abandone la discusión de los dos anteproyectos y pondere la ley modelo sobre extinción de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito, como una solución a los problemas que adolece la legislación dominicana.
"Recomendamos que sea homologada por el Congreso, con la opinión del Tribunal Constitucional, a fin de tener una decisión al respecto de diferentes tópicos que la misma toca a la luz del derecho constitucional e internacional", argumentó el legislador.
Además sugirió: "Recomendamos tomar como punto de partida la experiencia colombiana, mexicana, peruana, que tuvieron que asumir distintas modificaciones de los derechos internos, contitucionales, específicamente para hacer operativa la ley de extinción de dominio".
La ley modelo a la que hace referencia el representante de la provinca de La Romana, consta de nueve capítulos que tratan sobre aspectos generales, garantías procesales, aspectos procesales, procedimiento, pruebas, nulidades, administración y destinación de bienes, cooperación internacional y disposiciones finales. "Es una ley completa que ataca desde el origen de la adquisión de los bienes", comentó.
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