SANTO DOMINGO. RD.
El empresario canadiense Antonio Carbone acusó a un grupo de 124 políticos, funcionarios y empresarios dominicanos de haberlo despojado de más de 580 millones de dólares en activos a través de artimañas legales y judiciales.
Según la exhaustiva denuncia, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Sergio «Gory» Moya de la Cruz habría liderado esta trama corrupta que, desde 2013, se apoderó de forma ilegal de 13 casinos, 198 bancas deportivas, 1,397 bancas de lotería, 108 vehículos de lujo y otros bienes inmuebles propiedad de Carbone.
Carbone dirigió su denuncia al presidente Luis Abinader, la procuradora general Miriam Germán Brito y el Juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero.
Asimismo, a los procuradores generales adjuntos y titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el procurador general de la Corte de Apelación, José del Carmen Sepúlveda, y la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
En la denuncia, Carbone solicitó «la más exhaustiva investigación» y que se tomen «las medidas de lugar para que se me proteja el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una garantía jurídica en la República Dominicana».
Entre los señalados figuran el exdiputado Virgilio Merán, los hermanos Andrew Michael Pajak y Edward Zbigniew Kremblewski, el empresario Michael DeGroote y su familia, así como abogados, fiscales y jueces que habrían participado en la manipulación del sistema judicial para condenar y mantener preso a Carbone por casi nueve años.
Según la denuncia, Moya, Francisco Peña Guaba y otros lograron apoderarse de forma ilegal de estos activos valorados en cientos de millones de dólares, a través de maniobras como el uso de nombres falsos, simulación de autoridad, falsificación de documentos y asociación delictiva.
Las denuncias de Carbone cobran relevancia tras los testimonios de Winston Rizik Rodríguez (el Gallero) y Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), quienes admitieron sus vínculos con Moya en actividades delictivas relacionadas con bancas de apuestas.
Según la exhaustiva denuncia, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Sergio «Gory» Moya de la Cruz habría liderado esta trama corrupta que, desde 2013, se apoderó de forma ilegal de 13 casinos, 198 bancas deportivas, 1,397 bancas de lotería, 108 vehículos de lujo y otros bienes inmuebles propiedad de Carbone.
Carbone dirigió su denuncia al presidente Luis Abinader, la procuradora general Miriam Germán Brito y el Juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero.
Asimismo, a los procuradores generales adjuntos y titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el procurador general de la Corte de Apelación, José del Carmen Sepúlveda, y la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
En la denuncia, Carbone solicitó «la más exhaustiva investigación» y que se tomen «las medidas de lugar para que se me proteja el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una garantía jurídica en la República Dominicana».
Entre los señalados figuran el exdiputado Virgilio Merán, los hermanos Andrew Michael Pajak y Edward Zbigniew Kremblewski, el empresario Michael DeGroote y su familia, así como abogados, fiscales y jueces que habrían participado en la manipulación del sistema judicial para condenar y mantener preso a Carbone por casi nueve años.
Según la denuncia, Moya, Francisco Peña Guaba y otros lograron apoderarse de forma ilegal de estos activos valorados en cientos de millones de dólares, a través de maniobras como el uso de nombres falsos, simulación de autoridad, falsificación de documentos y asociación delictiva.
Las denuncias de Carbone cobran relevancia tras los testimonios de Winston Rizik Rodríguez (el Gallero) y Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), quienes admitieron sus vínculos con Moya en actividades delictivas relacionadas con bancas de apuestas.
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