Eduard Espiritusanto
Santo Domingo, RD.
Ante el creciente número de estafas inmobiliarias en el país, el senador por La Romana, Eduard Espiritusanto, presentó un proyecto de ley que busca regular la intermediación y los servicios inmobiliarios, estableciendo normas claras para garantizar transacciones seguras y confiables.
La propuesta exige que corredores y agentes de bienes raíces operen con licencias oficiales, cumplan con requisitos de formación y se rijan por principios de transparencia, lealtad y protección al consumidor.
Para ello, el Estado creará un Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios, supervisado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), encargado de expedir, renovar y revocar licencias a los profesionales del sector. Aquellos que incurran en malas prácticas o fraudes perderán su licencia de manera definitiva.
El proyecto también contempla sanciones severas para quienes ejerzan la intermediación inmobiliaria sin autorización, incluyendo multas de hasta 50 salarios mínimos del sector público, suspensión de actividades, cierre de empresas y penas de cárcel en casos de fraude o suplantación de identidad, conforme al Código Penal.
Una de las innovaciones clave de la propuesta es la implementación de un Servicio de Geolocalización de Inmuebles Georreferenciados, en coordinación con la Jurisdicción Inmobiliaria, que permitirá a cualquier persona verificar la ubicación, titularidad y estado legal de una propiedad registrada.
El senador Espiritusanto destacó la urgencia de esta ley para establecer un sistema confiable donde tanto compradores como empresas inmobiliarias puedan operar con seguridad y transparencia.
«Las estafas inmobiliarias son cada vez más frecuentes en nuestro país, afectando especialmente a dominicanos residentes en el exterior. Muchas familias trabajan toda su vida para adquirir una vivienda y, en un abrir y cerrar de ojos, pierden sus ahorros por culpa de estos fraudes. Esto no solo causa dolor a las víctimas, sino que también daña la imagen internacional de la República Dominicana», expresó el legislador.
Transformaciones clave para el sector inmobiliario Licencia obligatoria: Corredores y agentes deberán contar con un permiso oficial, demostrar formación en corretaje, no tener antecedentes penales y cumplir con requisitos tributarios.
Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios: Base de datos oficial con todos los corredores y agentes autorizados.
Supervisión estatal: El MICM tendrá la facultad de revocar licencias, aplicar sanciones y vigilar el cumplimiento de las normas.
Seguro de responsabilidad civil: Se exigirá a corredores y empresas inmobiliarias contar con una póliza de seguro para proteger a los consumidores ante irregularidades.
Regulación de honorarios: Control de las comisiones cobradas por los corredores para evitar abusos.
Uso de tecnología: Implementación del Servicio de Geolocalización de Inmuebles Georreferenciados para mayor transparencia en las transacciones.
Publicidad transparente: Prohibición de anuncios engañosos y obligatoriedad de especificar claramente las condiciones de venta y pago de los inmuebles.
Con esta iniciativa, el senador busca garantizar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario y proteger el patrimonio de miles de familias dominicanas.
La propuesta exige que corredores y agentes de bienes raíces operen con licencias oficiales, cumplan con requisitos de formación y se rijan por principios de transparencia, lealtad y protección al consumidor.
Para ello, el Estado creará un Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios, supervisado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), encargado de expedir, renovar y revocar licencias a los profesionales del sector. Aquellos que incurran en malas prácticas o fraudes perderán su licencia de manera definitiva.
El proyecto también contempla sanciones severas para quienes ejerzan la intermediación inmobiliaria sin autorización, incluyendo multas de hasta 50 salarios mínimos del sector público, suspensión de actividades, cierre de empresas y penas de cárcel en casos de fraude o suplantación de identidad, conforme al Código Penal.
Una de las innovaciones clave de la propuesta es la implementación de un Servicio de Geolocalización de Inmuebles Georreferenciados, en coordinación con la Jurisdicción Inmobiliaria, que permitirá a cualquier persona verificar la ubicación, titularidad y estado legal de una propiedad registrada.
El senador Espiritusanto destacó la urgencia de esta ley para establecer un sistema confiable donde tanto compradores como empresas inmobiliarias puedan operar con seguridad y transparencia.
«Las estafas inmobiliarias son cada vez más frecuentes en nuestro país, afectando especialmente a dominicanos residentes en el exterior. Muchas familias trabajan toda su vida para adquirir una vivienda y, en un abrir y cerrar de ojos, pierden sus ahorros por culpa de estos fraudes. Esto no solo causa dolor a las víctimas, sino que también daña la imagen internacional de la República Dominicana», expresó el legislador.
Transformaciones clave para el sector inmobiliario Licencia obligatoria: Corredores y agentes deberán contar con un permiso oficial, demostrar formación en corretaje, no tener antecedentes penales y cumplir con requisitos tributarios.
Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios: Base de datos oficial con todos los corredores y agentes autorizados.
Supervisión estatal: El MICM tendrá la facultad de revocar licencias, aplicar sanciones y vigilar el cumplimiento de las normas.
Seguro de responsabilidad civil: Se exigirá a corredores y empresas inmobiliarias contar con una póliza de seguro para proteger a los consumidores ante irregularidades.
Regulación de honorarios: Control de las comisiones cobradas por los corredores para evitar abusos.
Uso de tecnología: Implementación del Servicio de Geolocalización de Inmuebles Georreferenciados para mayor transparencia en las transacciones.
Publicidad transparente: Prohibición de anuncios engañosos y obligatoriedad de especificar claramente las condiciones de venta y pago de los inmuebles.
Con esta iniciativa, el senador busca garantizar la seguridad jurídica en el mercado inmobiliario y proteger el patrimonio de miles de familias dominicanas.
0 comments :
Publicar un comentario