El Tribunal Supremo de Panamá ha declarado inconstitucional el contrato otorgado a CK Hutchison, del conglomerado de Hong Kong, para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, cerca del canal de Panamá. La decisión se tomó tras una demanda presentada por la interventora general, Anel Flores, quien argumentó que el acuerdo le costó a Panamá más de 1.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos.
La medida se produce en medio de una lucha de poder entre Washington y Pekín, con el presidente estadounidense, Donald Trump, criticando la influencia china en la vía marítima. El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha defendido la soberanía del país sobre el canal. CK Hutchison, que pretendía ceder los puertos a un consorcio liderado por BlackRock y Terminal Investment, tiene pocas opciones, ya que la decisión del Tribunal Supremo es inapelable. La empresa ha rechazado la decisión, alegando que carece de fundamento legal y pone en riesgo la estabilidad de miles de familias panameñas. La decisión podría obligar a Panamá a reestructurar el marco legal para las operaciones portuarias y requerir nuevas licitaciones para operar las terminales. Esto podría tener un impacto significativo en la economía del país y en la estabilidad de los trabajadores del sector portuario.
0 comments :
Publicar un comentario