El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 29 de los procesados a penas de entre 10, 15 y 20 años de prisión tras un juicio de fondo que se extendió por casi dos años.
Santo Domingo, R.D. — En una rueda de prensa ofrecida durante la madrugada de este martes 16 de junio, representantes del Ministerio Público expresaron su profunda satisfacción ante el fallo emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el cual dictó condena contra 29 de los acusados de integrar una red de corrupción administrativa que operó en instituciones militares y de seguridad del Estado entre los años 2012 y 2020.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, calificó el dictamen como «una decisión sin precedentes en la lucha contra la corrupción administrativa» en la República Dominicana.
«En este caso el tribunal ha condenado a 29 personas; evidentemente esta es una sentencia ejemplar y una victoria del Ministerio Público», expresó de manera categórica el magistrado Camacho al ponderar el alcance de la decisión judicial.
El funcionario judicial sostuvo que el fallo constituye un sólido reconocimiento al riguroso trabajo investigativo desarrollado por el órgano acusador, enviando al mismo tiempo una señal firme e inequívoca contra la impunidad en el país. «La que ha dado el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal», manifestó.
Un proceso judicial de casi dos años
La histórica decisión fue adoptada por el tribunal que preside la jueza Giselle Méndez, e integran las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Durante el proceso se juzgó un total de 36 imputados, desglosados en 26 personas físicas y 10 personas jurídicas (empresas). El juicio de fondo, que inició formalmente el 27 de junio de 2024, se prolongó por casi dos años debido a la complejidad de las pruebas y la cantidad de implicados, consolidándose como uno de los litigios por corrupción más extensos y relevantes en la historia jurídica de la nación.
El entramado de los casos "Coral" y "Coral 5G"
Las investigaciones presentadas bajo las operaciones denominadas Coral y Coral 5G desmontaron una presunta red criminal que, de acuerdo con la tesis del Ministerio Público, operaba desde los núcleos financieros de distintas instituciones militares y de seguridad del Estado. El modus operandi de la estructura se basaba en el desvío sistemático de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito de sus miembros y el posterior lavado de activos para reintroducir el dinero al sistema financiero formal.
Camacho reafirmó el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República y aseguró que el Ministerio Público continuará presentando expedientes sustentados en pruebas técnicas indiscutibles, con el propósito fundamental de robustecer la respuesta del sistema de justicia frente a los delitos de cuello blanco.
La representación del órgano persecutor en esta etapa final estuvo liderada por el magistrado Wilson Camacho, acompañado por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Jonathan Elías Pérez, Arolin Lemos, Miguel Collado, Enmanuel Ramírez y Melbin Romero.

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