SANTO DOMINGO.– En lo que se considera un fallo histórico contra la corrupción administrativa en la República Dominicana, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión a las principales cabezas del entramado de corrupción militar desmantelado mediante las operaciones Coral y Coral 5G.
Las penas máximas recayeron sobre el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre (exjefe del CUSEP), el general Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del CESTUR) y el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza. Además de las penas privativas de libertad, el tribunal ordenó de manera conjunta el pago de RD$5,000 millones de pesos a favor del Estado dominicano como reparación por los daños ocasionados.
El tribunal, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, determinó que el grupo utilizó las nóminas públicas y fondos de seguridad estatal para desviar recursos y adquirir millonarios bienes ilícitos entre los años 2012 y 2020. La lectura del fallo inició a las 3:00 de la tarde del lunes y se extendió por más de once horas, concluyendo pasadas las 2:20 de la madrugada.
Principales condenas del Caso Coral
El tribunal dictó sentencias condenatorias con penas que van desde los 3 hasta los 15 años de prisión para civiles y oficiales de distintas ramas militares implicados en la red:
Pastora Rossy Guzmán Sánchez: Condenada a 15 años de prisión y al pago de una multa de 300 salarios mínimos del sector público tras ser hallada culpable de incremento patrimonial ilícito.
Condenas de 10 años de prisión: dictadas para la empleada bancaria Esmeralda Ortega Polanco, el mayor policial José Manuel Rosario Pirón, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el general del Ejército Boanerges Reyes Batista, el capitán de la Armada Franklín Antonio Mata Flores, la primera teniente policial Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el primer teniente de la Fuerza Aérea Erasmo Roger Pérez Núñez.
Condenas de 5 años de prisión: Impuestas al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Alejandro José Montero Cruz, Lucía de los Santos Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos, Epifanio Peña Lebrón, Manuel de Jesús Alba Solano y Élida María Trinidad Santiago.
Condenas de 3 años de prisión: Recayeron sobre Pedro Roberto Castillo Nolasco, Carlos Augusto Lantigua Cruz y Raymel Pastor del Rosario Viola.
Disolución de empresas y multas
Asimismo, las juezas ordenaron la disolución legal y el pago de multas equivalentes a 200 salarios mínimos para las empresas utilizadas para el lavado de activos, entre ellas: CSNA Universo Empresarial, S.R.L., Randa Internacional Company, E.I.R.L., Aldom Glass Aluminium, S.R.L., Rawel Importadores S.R.L., R & F Agroindustrial, S.R.L., y Hacienda Kelman, S.R.L.
Descargos y rechazo a la extinción del proceso
No todos los imputados resultaron sancionados. Con votos disidentes en el seno del tribunal, se emitió un fallo absolutorio a favor de:
Miguel Alfredo Ventura Pichardo, Santiago Suárez, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Tanner Antonio Flete Guzmán y Erick Daniel Pereira Núñez, así como para la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Por otra parte, las juezas rechazaron de manera unánime el pedimento de las defensas de 26 de los imputados, quienes solicitaban declarar la extinción de la acción penal alegando vencimiento de plazos. La magistrada Gisselle Méndez enfatizó que el proceso judicial transcurrió bajo los tiempos debidos y sin dilaciones injustificadas.
El modus operandi de la red
La investigación, que inició formalmente con los allanamientos de la Operación Coral en abril de 2021, demostró que la red criminal operaba desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
El Ministerio Público sustentó su acusación con cientos de pruebas periciales y documentales, demostrando cómo se desviaban fondos destinados a la alimentación y manutención del personal militar, se creaban nóminas con empleados "en el aire" y se hacían pagos indebidos para amasar fortunas imposibles de justificar con sueldos públicos.
La lectura íntegra de la sentencia formal que detalla cada una de estas motivaciones jurídicas quedó fijada para el próximo 14 de agosto de 2026, a partir de las 2:00 de la tarde.
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