El Ministerio Público requirió además la declaración de caso complejo tras desmantelar una red que sustraía fondos de SeNaSa destinados a pacientes con cáncer.
Santiago de los Caballeros, R.D. — El Ministerio Público formalizó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago la solicitud de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra tres personas vinculadas a un millonario entramado de corrupción. A los encartados se les acusa de sustraer fondos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) mediante maniobras fraudulentas perpetradas desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Debido a la pluralidad de los delitos, la gravedad de los hechos y la cantidad de evidencias, el órgano persecutor requirió asimismo que el proceso fuera declarado judicialmente como caso complejo.
Los imputados en este expediente son:
Héctor Antonio Lora Cruceta: expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC. Según las investigaciones, Lora Cruceta asumió la dirección del patronato el 9 de octubre de 2018 y, violentando los estatutos que limitan la gestión a dos años, permaneció de forma irregular en el cargo hasta octubre de 2025.
Luisa Yasiris Guzmán: actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Dilcia Isabel Vargas Sánchez: exvicepresidenta del patronato, quien además fungió como auditora interna y externa de la referida institución sanitaria.
La instrumentación de la medida de coerción fue depositada de manera conjunta por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago.
El desmantelamiento: "Operación Onco14"
Los tres encartados fueron arrestados en el marco de la denominada “Operación Onco14”, un despliegue táctico coordinado por el Ministerio Público con el respaldo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC). Durante la ejecución de múltiples allanamientos, las autoridades lograron ocupar sumas de dinero en efectivo, documentación institucional, equipos electrónicos, vehículos de motor y un arma de fuego, elementos que han sido incorporados como evidencias relevantes para el proceso.
Múltiples mecanismos de desvío de recursos públicos
De acuerdo con las líneas de investigación presentadas por las autoridades, la estructura criminal diseñó y ejecutó diversos mecanismos ilícitos para desviar millonarios recursos que correspondían a la cobertura médica de pacientes con cáncer afiliados al régimen subsidiado de SeNaSa.
El expediente acusatorio detalla un catálogo de irregularidades que incluye:
Fraude clínico y farmacéutico, doble facturación de servicios y alteración sistemática de indicaciones médicas.
Uso de sellos falsificados y la entrega incompleta de medicamentos de alta prioridad a los pacientes.
Comercialización ilegal de fármacos donados y contrabando mediante la manipulación de exoneraciones fiscales.
Manejo irregular de sustancias controladas y el uso indebido de las instalaciones hospitalarias para la realización de cirugías estéticas privadas.
Reembolsos fraudulentos de gastos, sabotaje digital, sustracción de bases de datos informáticas y presunto lavado de activos.
La tesis del Ministerio Público sostiene que esta red operó bajo la complicidad coordinada de empleados y colaboradores de la institución, articulados específicamente para apropiarse de los recursos recaudados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y de las asignaciones financieras que el Estado dominicano otorga para tratamientos oncológicos.
Institución emblemática afectada
Los encartados enfrentan cargos penales por la presunta violación a las disposiciones legales que tipifican la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
La afectación económica y operativa golpea directamente al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Fundado en 1964 y administrado directamente por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el IORC constituye uno de los pilares de salud más importantes para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes oncológicos en toda la región norte del país. Las autoridades concluyen que la cúpula procesada ejerció un control férreo y prolongado sobre la entidad con el único propósito de lucrarse de sus fondos económicos y desviar las partidas estatales destinadas a la salud de los pacientes más vulnerables.
De acuerdo con las líneas de investigación presentadas por las autoridades, la estructura criminal diseñó y ejecutó diversos mecanismos ilícitos para desviar millonarios recursos que correspondían a la cobertura médica de pacientes con cáncer afiliados al régimen subsidiado de SeNaSa.
El expediente acusatorio detalla un catálogo de irregularidades que incluye:
Fraude clínico y farmacéutico, doble facturación de servicios y alteración sistemática de indicaciones médicas.
Uso de sellos falsificados y la entrega incompleta de medicamentos de alta prioridad a los pacientes.
Comercialización ilegal de fármacos donados y contrabando mediante la manipulación de exoneraciones fiscales.
Manejo irregular de sustancias controladas y el uso indebido de las instalaciones hospitalarias para la realización de cirugías estéticas privadas.
Reembolsos fraudulentos de gastos, sabotaje digital, sustracción de bases de datos informáticas y presunto lavado de activos.
La tesis del Ministerio Público sostiene que esta red operó bajo la complicidad coordinada de empleados y colaboradores de la institución, articulados específicamente para apropiarse de los recursos recaudados por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y de las asignaciones financieras que el Estado dominicano otorga para tratamientos oncológicos.
Institución emblemática afectada
Los encartados enfrentan cargos penales por la presunta violación a las disposiciones legales que tipifican la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología y lavado de activos.
La afectación económica y operativa golpea directamente al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Fundado en 1964 y administrado directamente por el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el IORC constituye uno de los pilares de salud más importantes para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes oncológicos en toda la región norte del país. Las autoridades concluyen que la cúpula procesada ejerció un control férreo y prolongado sobre la entidad con el único propósito de lucrarse de sus fondos económicos y desviar las partidas estatales destinadas a la salud de los pacientes más vulnerables.
0 Comentarios