SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. – Las luces de la sala del Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago se apagaron ayer tras cerrarse uno de los capítulos más oscuros y estremecedores de la historia judicial reciente de esta provincia.
Veinte años de prisión fue el precio legal fijado por los jueces Rubén Darío Cruz Uceta, Rubén Rodríguez y Yasmín de los Santos para una madre que transformó el hogar en un centro de martirio para sus hijos de 3 y 5 años.
El fallo no solo representa un castigo punitivo, sino el inicio de una compleja intervención estatal para intentar resarcir un daño que los peritos calificaron en el estrado como "profundo y de consecuencias permanentes".
El horror documentado en la pantalla
Durante el juicio de fondo, el silencio en la sala se tornaba espeso cada vez que el Ministerio Público desglosaba las evidencias depositadas por la fiscal investigadora Leomaris Payamps. No se trataba de suposiciones; el horror estaba registrado en formato digital.
Los videos que la hoy condenada enviaba a su expareja en 2023 como método de extorsión —donde se le observaba golpeando y tratando de asfixiar con sus manos a su pequeña hija de entonces dos años— se reprodujeron ante la mirada imperturbable del tribunal y la cabeza baja de la imputada.
El ensañamiento físico, que incluyó quemaduras provocadas con cerillos en las extremidades de la menor, se ejecutaba bajo el testimonio mudo y forzado de su otro hijo de 5 años. Los magistrados determinaron que el nivel de sadismo y las amenazas de muerte constantes configuraron con exactitud los delitos de tortura y barbarie tipificados en la Ley 24-97.
El destino de los menores: Un largo camino de reconstrucción
Tras el dictamen, la gran interrogante en los pasillos del Palacio de Justicia de Santiago gira en torno al futuro de las víctimas. Fuentes ligadas al proceso confirmaron que, desde el inicio de las investigaciones penales, los niños fueron apartados de manera definitiva del entorno materno.
Actualmente, el caso se encuentra bajo la estricta tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Santiago. El protocolo de seguimiento post-sentencia incluye:
- Custodia provisional y resguardo: Los infantes permanecen en un hogar de acogida regulado, alejados de cualquier exposición pública para garantizar su seguridad física.
- Terapia psicoterapéutica intensiva: Un equipo multidisciplinar de psicólogos infantiles trabaja en el tratamiento del trauma derivado del abuso sistemático y del síndrome de indefensión aprendida que presentan.
- Evaluación del entorno paterno: El tribunal de niños, niñas y adolescentes mantiene abierta una evaluación sociofamiliar del padre y la familia extendida para determinar si existen condiciones aptas para una futura reintegración familiar o si deben permanecer bajo el programa de protección estatal de forma prolongada.
La sentencia de 20 años contra la agresora marca el final de la persecución penal, pero para el sistema de protección dominicano apenas inicia la tarea más difícil: devolverle la infancia a dos niños cuyas vidas fueron marcadas por la crueldad en sus primeros años de vida.
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