El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) acató el mandato de la jueza María Antongiorgi Jordán, tras confirmarse la ilegalidad de su arresto en un punto de control en Guaynabo.
La dominicana Inocencia Rodríguez, de 32 años, fue puesta en libertad tras permanecer recluida en el centro de detención de Guaynabo. La liberación inmediata se produjo luego de que la magistrada federal advirtiera sobre faltas graves al debido proceso e ilegalidad en el arresto ejecutado por las autoridades migratorias, ordenando además una vista de fianza expedita con fecha límite para el 21 de julio.
Detalles del arresto y amparo de la ACLU
Rodríguez fue detenida de manera irregular el pasado 10 de julio en un retén vial en Guaynabo mientras conducía su vehículo personal. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico asumió la defensa legal estratégica de la afectada y denunció múltiples irregularidades:
- Inexistencia de cargos: No existía ninguna orden de arresto activa emitida por las autoridades de Puerto Rico en contra de la ciudadana.
- Documentación legal ignorada: Durante una vista migratoria previa, el juez Elvin Talavera Peraza rehusó verificar que Rodríguez ya poseía aprobadas una petición familiar I-130 y una exención provisional I-601A dentro de su propio expediente institucional.
- Freno a la deportación: La intervención de la jueza federal detuvo un intento de traslado forzoso de la dominicana fuera de la jurisdicción de la isla.
Declaraciones de los protagonistas
"Me siento agradecida con Dios porque nunca me soltó, con mi equipo de abogados, mis cuñadas, mi esposo; adentro también me trataron bien. Todo en la vida es para uno aprender".
— Inocencia Rodríguez, a su salida del penal de Guaynabo.
El director legal de la ACLU en la isla, Fermín Arraiza Navas, aplaudió el dictamen judicial al calificarlo como un muro de contención indispensable frente a las políticas migratorias discriminatorias que se ejecutan al margen de los preceptos constitucionales.
Por su parte, la directora ejecutiva de la entidad, Annette Martínez Orabona, recordó que los tribunales federales tienen la obligación ineludible de intervenir cuando los mecanismos ordinarios de control estatal colapsan y vulneran los derechos humanos.
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